Deudores alimentarios bajo la protección patriarcal
Por Soledad Jarquín Edgar / SEMlac / Rebelión
En 33 de cada 100 hogares en México las mujeres son reconocidas como jefas de la vivienda en 2020, señala el Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), lo que significa que más de 11 millones de mujeres están al frente de su hogar.
Diana Luz Vásquez vivió y creció en un hogar donde su madre era la jefa de familia. Por eso cuando nació su hija supo que sería ella la encargada de la manutención, educación y todo lo necesario para Sabina.
Era como vivir siempre resignadas a la no responsabilidad de los padres, normalizamos esa ausencia, mientras escuchaba a su madre culpabilizarse de esa condición. Ella entendió que no podía repetir esa historia y, al mismo tiempo, descubrió que el proceso de reconocimiento de paternidad está plagado de obstáculos: los primeros fueron los abogados, uno la estafó y no resolvió nada y el segundo la acosó.
Por razones laborales, aún embarazada, se fue a vivir a la Ciudad de México, lugar donde hoy vive la mayor parte del tiempo, pero de vez en cuando regresa a esta ciudad. En la capital mexicana se unió a un grupo de estudios sobre los derechos de las mujeres y feminismo. Con ellas habló de lo que sucedía, de cómo muchos hombres no se hacen responsables de la crianza de sus hijas e hijos.
Fue en ese grupo donde surgió la idea de hacer un tendedero para denunciar a los deudores alimentarios. Hizo una convocatoria por redes sociales. En un mes tenía a 70 mujeres de Oaxaca dispuestas a llevar una fotografía del deudor, el tendedero se hizo en la explanada del emblemático templo de Santo Domingo, en la ciudad de Oaxaca.
Desde entonces, este proceso ha sido acompañado por al menos 80 colectivas feministas, entre ellas Vaisnavas Guerreras, Amor no es Violencia, Las Constituyentes y Crianza Feminista, entre otras muchas. En el país se han formado seis grupos de mujeres que denuncian a los deudores alimentarios en igual número de entidades. Estas colectivas han conformado la Red Nacional de Deudores Alimentarios.
Las mujeres empezamos a romper la vergüenza de exigir el pago de alimentos a los padres de nuestras hijas e hijos y, al mismo tiempo, a denunciar con un megáfono en cada plaza donde se instalan lo que han tenido que pasar durante años. Fue necesario incluso pedirle a la prensa que no nos tomara fotografías a nosotras sino a ellos, a los denunciados, dice.
Esto ha derivado en mostrar el rostro de políticos, empresarios, deportistas, académicos y un sin fin de hombres dedicados a muy diversas actividades. En algunos casos, para no ser exhibidos, acceden rápidamente al pago de los alimentos de sus hijos e hijas. Pero en otras ocasiones se resisten, muchas veces sus empleadores los protegen, otras veces sus propias madres los encubren con el dicho misógino que niega a los nietos de sus hijos, y hasta políticos los tapan y protegen. Mientras las y los jueces siguen otorgando amparos a los deudores que violentan los derechos de la infancia.
Con la patrulla feminista, en Oaxaca y en otras ciudades, Diana Luz Vásquez llega hasta las oficinas de los deudores para denunciarlos. Ellos se esconden o los esconden, pero sus compañeras de trabajos nos dicen dónde están. Entre las mujeres hay sororidad.
Detención arbitraria
Esas denuncias han tenido consecuencias, relata Diana Luz, quien hace casi un mes fue exhibida en redes sociales y medios de comunicación por presuntamente provocar un accidente en el fraccionamiento donde vive y por conducir en estado etílico.
Al momento de los hechos un vecino y una vecina empezaron a grabarla con sus teléfonos celulares. De inmediato el video «editado a modo» inundó las redes sociales, como de inmediato llegaron más de cinco patrullas de la policía vial de Santa Cruz Xoxocotlán, municipio conurbado a la ciudad de Oaxaca, «me trataron como una delincuente muy peligrosa».
Fue llevada a la comandancia. Ahí, un hombre al que no le pudo ver su rostro por tenerlo cubierto, le tomó fotografías detrás de las rejas de una celda. Diez minutos después esa fotografía ya estaba en manos de algunos «periodista» que las difundieron en sus medios. Otros relataron historias para denigrarla y acusarla de ser una «mala madre».
Nunca le hicieron la prueba de alcoholemia, ninguna persona certificó su estado de salud, simplemente asumieron que estaba tomada. Ella lo niega. Refiere que había consumido -por prescripción médica- una sustancia para dormir y muestra la receta.
«Me lastimaron anímicamente por todas las cosas que se dijeron de mí, pero en realidad querían golpear al movimiento que hemos iniciado», dice Diana Luz Vásquez, al referir que hubo «brutalidad policiaca» y al mismo tiempo la injerencia de personas ligadas al gobierno municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, donde ella vive en un fraccionamiento.
Explica que una razón para la «detención», cuando ella estaba dispuesta a pagar los daños y le llamó a su seguro, fue en realidad que en uno de los tendederos fue denunciado Daniel L.N., miembro del Partido de la Revolución Democrática (PRD) estatal y hermano de la actual candidata a la presidencia municipal de Morena, Tania L. N., cuyas elecciones extraordinarias fueron este domingo y quien además es esposa del ex presidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán Alejandro Jarquín López, explica la entrevistada.
3 de 3 y pruebas de ADN
Diana Luz Vásquez explica que demostrar la paternidad de los deudores alimentarios es todo un suplicio. Si se hace una prueba de ADN vía particular cuesta más de 10.000 pesos (500 dólares) y, en algunas ocasiones, puede costar más, dinero del que no disponen las mujeres que denuncian y del que tampoco se encargan los hombres, quienes deberían hacerlo por ser ellos los infractores de la ley.
Por otro lado, la Fiscalía General de Oaxaca cuenta con el servicio; sin embargo, las citas para una prueba de ADN suelen dilatar hasta seis meses y cuatro más para la entrega de resultados. Otra falencia es que la institución no cuenta con un genetista.
Por otra parte, aunque el 3 de 3 se establece que no pueden ser candidatos quienes sean violentadores de mujeres o deudores alimentarios, resultará imposible en tanto no exista un registro de deudores alimentarios nacional.
Necesitamos, plantea, que sea eficiente el proceso de reconocimiento de hijos e hijas y que se cumpla con el pago, carga que debe recaer en las instituciones y en el propio deudor. Y al mismo tiempo que la sociedad deje de ver como normal que se abandone a las criaturas.
Incluso plantea que «abandonar a una mujer embarazada debería ser considerado un delito», indica y asegura que en México solo en Guerrero existe esa posibilidad.
La SCJN
Por otra parte, anunció que el próximo martes 22 de marzo instalarán un tendedero de deudores alimentarios nacional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para protestar por la propuesta del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien pretende quitarle el carácter punitivo a los morosos o deudores alimentarios. Todo lo contrario, sucede en otros países.
¿Dónde quedan entonces los derechos de las infancias? Pregunta Diana Luz Vásquez y afirma que lo que se debe romper es el pacto patriarcal que sigue protegiendo a los hombres que no se responsabilizan de la crianza de sus hijos.
