“En Valle de Bravo hemos sufrido acoso institucional, persecusión judicial, amagos de todo tipo, presión psicológica y económica”: Maribel Reyes González
CARTA ABIERTA
Magistrado Héctor Macedo García,
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de México
Hemos leído palabras suyas señor Magistrado, conocer tales premisas dictadas por usted en relevante reunión nos dan esperanza; quizás sea la única persona, (lo deseamos fervientemente) que pueda poner freno al abuso y uso de las instancias de justicia para favorecer a poderosos y sinvergüenzas, quienes se han dedicado impunemente a criminalizarnos para despojarnos y desarraigarnos, invadiendo buena parte de una pequeña dotación de tierra que histórica y jurídicamente nos pertenece.
Ese mensaje publicado me dió pauta para escribirle al conocer su objetivo: “Desde el Poder Judicial del Estado de México asumimos esta responsabilidad con plena convicción, nuestro Plan de Desarrollo parte de una premisa clara, la justicia debe ejercerse con sentido social, con enfoque de derechos humanos y con un trato cercano, digno y eficiente hacia las mujeres que acuden a los tribunales en busca de protección y certeza jurídica”:
Mi nombre es Maribel Reyes González; yo al igual que mi familia, parientes, amigos, vecinos del poblado indígena de Santo Tomás, el Pedregal, municipio de Valle de Bravo, hemos sufrido el acoso institucional, persecusión judicial, amagos de todo tipo, presión psicológica y económica al enfrentar constantes llamados del juzgado de control de Valle de Bravo, de Temascaltepec o Toluca, para presentarnos en audiencias y responder, desde hace varios años por ilicitos infundados, enfrentado juicios viciados, con acusaciones y señalamientos absurdos.
Está situación, provocada en gran parte por personas de apellido Quintanilla, y ejecutivos de Banca Miffel, han dañado gravemente nuestra moral, nuestro prestigio social, nuestra unión familiar, nuestra comunidad, nuestra economía, y tanto peor, han lastimado severamente a nuestros abuelitos, personas mayores quienes deben destinar su pensión de bienestar y ahorros de vida a solventar gastos infructuosos en una defensa jurídica sin sentido.
Ese aporte que para muchos mexicanos es un alivio, para nuestros abuelitos es dinero perdido, sin provecho para ellos, sin poder gozar de beneficio alguno, y su vejez está muy lejos de ser apacible, padecen la zozobra e impotencia de ver sus hogares mancillados con las amenaza del desalojo y desplazamiento, mirando la llegada constante de extraños, de fuereños adueñándose del territorio.
Nuestro caso implica a varias instancias, autoridades de los tres niveles de gobierno quienes llevan décadas ignorando nuestros derechos, beneficio otorgado a nuestros abuelos por orden presidencial, pero tal documento no ha sido respetado, ni han permitido concluir los trámites de ese acuerdo, pese tener documentos a favor y demostrar fehacientemente que nos asiste la razón, la legalidad y el derecho.
Sin embargo, varias instancias parecen confabuladas para permitir la injusticia y el despojo, incluyendo SEDATU, CONAGUA, diversas autoridades agrarias, alcaldes de al menos tres periodos, policías, Jueces, Ministerios Publicos, de distintas administraciones. Todos convertidos en cómplices por omisión o presión; algunos seguramente por conveniencia y provecho personal.
Las consecuencias de esa impunidad que gozan todos ellos nos ha llevado a la desesperación. Hemos tocado infinidad de puertas, enviamos carta a la Presidenta Claudia Sheinbaum, mucho antes pedimos a Lopez Obrador su ayuda, cuando era presidente, él a su vez pidió a Delfina Gómez y Horacio Duarte atendieran nuestro caso (eran candidatos), nada sucedió. Llegaron al poder y tampoco han podido atender este asunto, nuestras peticiones van directo a un saco roto.
Las injusticias en nuestras contra son de sobra conocidas, tenemos documentos que prueban cada una de las faltas, se ha difundido en varios periódicos y medios digitales, hemos denunciado ante instancias estatales y federales, con pruebas diversas de los múltiples daños, así como violaciones y faltas a la Ley, sobre todo la evasión que han hecho en trámites de materia agraria para impedirnos completar el procedimiento que nos otorgue la certeza jurídica que nos corresponde, y así permitir también revertir en lo posible, los graves daños provocados en el entorno ambiental.
Esas acciones en nuestra contra no solo lastiman personas, los perjuicios generados por el despojo e invasión de nuestras tierras ha ocasionado daños severos en los ecosistemas. Nuestra dotación de tierra forma parte de una zona natural protegida, pero esto solo es en papel, pues igual como sucede en muchas más hectáreas de Valle de Bravo y municipios aledaños, la proliferación de fraccionamientos campestres ha destruido bosques, fauna, flora y sobre todo la tranquilidad y el porvenir de quienes habitamos aquí desde hace varias generaciones.
Nuestra paciencia ha sido férrea, como lo ha sido nuestra confianza en la justicia, las instituciones y autoridades, por ello hemos seguido los procedimientos necesarios, incluso aquellos escapados a toda lógica, TODO HA SIDO INÚTIL, no hay forma de frenar esta persecución judicial, ni acabar con la criminalización que han hecho de nosotros, destruyendo y trastocando el futuro de jóvenes y mujeres sin delito alguno; honrados, trabajadores, buenos ciudadanos quienes estan a un paso de la carcel por delitos que no cometieron; lo mismo pretenden conmigo, me han denunciado reiteradamente, y mi ánimo ha decaído de tal manera que mi única salida viable es solicitar refugio y abandonar mi país, mi familia, mi historia, mi humilde patrimonio que cada día se reduce más y más, mientras las deudas crecen.
No sabemos quien protege a estos desalmados quienes se ensañan con todo un pueblo; particulares y empresarios nos han quitado también el agua de un manantial, destruyeron 10 hectáreas de siembra, lo hicieron con lujo de violencia; mostraron su poderío económico, lanzaron maquinaria pesada para terminar con nuestro sustento tradicional y el Ministerio Público se negó a levantar la denuncia correspondiente.
También usaron la fuerza policial contra nosotros, lo han hecho seguido contra otros vallesanos, (caso de unos vecinos ya ancianos, doña Estela y el señor Floriberto Reyes, sufrieron la prepotencia policiaca, también se denunció en medios, fueron acusados por policías estatales de “ataque peligroso” y fueron criminalizarnos igualmente).
No somos el único caso de despojo e invasión de tierras, somos bastantes afectados através de los años, pero muy pocos han logrado ser escuchados, prácticamente nadie tiene opciones para luchar y recuperar su patrimonio o al menos obtener una indemnización, acaso un pago justo por sus tierras; los fuereños y algunos lugareños llegan y se apoderan para disfrute personal en el mejor de los casos, la mayoría lo hace para lucrar impunemente, arrebatandonos la tierra para ofrecerla al mejor postor.
Nosotros hemos podido resistir en unidad, somos un pueblo con orgulloso origen indígena, de la etnia mazahua, cuya cultura ancestral debemos reivindicar ante nuestros niños y jóvenes, sumados desde su más tierna edad a la defensa de su futuro, de la seguridad de un hogar, del arraigo e identidad que solo puede darnos la tierra donde nacimos, pero están arrebatandola poco a poco.
Esta tierra, lamentablemente es muy codiciada por la voraz HIDRA INMOBILIARIA, esa mafia, sin remordimiento ni consideración, ha logrado apoderarse de gran parte del patrimonio comunitario, como lo han conseguido en muchos otros lugares del Estado de México y otras entidades.
Por cierto, apenas estuvo usted , junto con magistrados de todo el país, justo aquí en Valle de Bravo, ponderando una falacia; contuvimos nuestra intención de acudir ese día a pedirle personalmente ayuda, pues la postura de luchar con la ley en la mano sigue siendo nuestro objetivo; además no quisimos evidenciar ni dar mala imagen a tan distinguidos visitantes, ( magistrados de toda la República mexicana), pero después leímos una nota en redes del periodista José Alan Chávez, ese texto nos causó bastante inquietud pues indica una situación totalmente contraria a nuestra realidad; sus aseveraciones escritas respecto al panorama de justicia y los protagonistas que señala, sobre todo a la presidenta municipal, nos lastiman tanto como nos ha lastimado y perjudicado la indiferencia institucional, incluída la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
Este asunto legal contra nosotros se ha construido con mentiras viles, infundios, corrupción, trafico de influencias, FRAUDES PROCESALES, los procedimientos están plagados de irregularidades e inconsistencias, y nos ha costado demasiado, en dinero, en tiempo, en alegrías perdidas, en ilusiones, en proyectos personales y comunitarios truncados y trastocados igual que nuestra tranquilidad, las autoridades municipales nos han negado derechos ciudadanos, no tenemos acceso a ningún programa de apoyo para el campo o para el burn desarrollo en nuestra comunidad.
Y no solo han dañado al pueblo indígena de Santo Tomás El Pedregal, lo han hecho en muchas otras comunidades de gente humilde, gente de labranza y de tierra, han dañado el entorno natural, nos duele ver cómo dia a día perdemos terreno boscoso que por tradición de nuestros ancestros respetamos y cuidamos como podemos, pero la misión se ha tornado dolorosa e imposible.
Ahora en vez de cuidar la zona forestal que nos corresponde, debemos atender varios procedimientos judiciales en nuestra contra, por demandas que no entendemos, hasta jueces han mostrado asombro y extrañeza al mirar las demandas en nuestra contra, totalmente injustas y absurdas, sin embargo las hemos enfrentado en conjunto como pueblo unido, para ello conformamos el Colectivo Pro Defensa y Conservación del Agua, Bosques, Flora, Fauna, Territorio y Derechos Humanos del Pueblo Indígena de Santo Tomás El Pedregal (COCODEFI), una organización comunitaria que defiende los derechos de al menos 500 habitantes, quienes desde hace varios años somos víctimas de la mafia inmobiliaria, pero con gran determinación y amor a nuestras tierras tratamos de proteger el patrimonio natural y el territorio, que corresponde legalmente a la comunidad indígena mazahua de Santo Tomás El Pedregal, Valle de Bravo.
Para ello establecimos Guardias Comunitarias con personas de todas edades, niños, jóvenes, adultos, abuelos, familias completas para proteger, día y noche, lo poquito de territorio que no han logrado invadir, pero lo pretenden. Contamos ya con apoyo de fiscalía especial y medidas cautelares de protección, pero no basta, la mafia inmobiliaria es implacable.
Entre particulares y estás empresas poderosas como Banca Miffel, nos arrebataron más de cien hectáreas, otros personajes políticos de muy mala fama también construyeron en nuestras tierras, además de empresarios y personas que evidentemente gozan de protección y apoyos de todo tipo para desplazarnos, como ha sucedido en otros pueblos, otras comunidades, otras familias que terminaron desterradas, condenadas a la miseria o a la cárcel, como quieren hacer con nosotros que seguimos luchando en juzgados, dónde no vemos la imparcialidad ni el valor de la justicia.
Por eso nuestra SUPLICA a usted, en este caso mi súplica personal, para que interceda y al menos revise nuestro caso y proceda conforme a derecho, para castigar a los verdaderos delincuentes, y en la medida de lo posible, pueda también insidir usted en el cumplimiento cabal de los procedimientos agrarios detenidos sin justificación coherente, posibilitando con ello a la MAFIA INMOBILIARIA el avance en sus propósitos, destruyendo familias, aniquilando sueños y proyectos, pisoteando derechos humanos y ambientales.
En esta desesperación decido ponerme en sus manos y colocar igual a mi comunidad, mi familia, mis hermanos, sobrinos, mis padres, quienes ya no ven futuro, por ello decido molestarle, para que ponga usted corazón y razón en este caso, y le imponga también todo su compromiso social, responsabilidad y ética para otorgarnos la justicia que nos asiste por derechos, por la honradez y verdad con que siempre nos hemos conducido.
Agradezco su fina atención, ofreciéndole mis
por las formas y lo extenso de mi petición, disponiendo el abultado expediente que se ha creado, enviándolo a quien nos indique y si lo considera necesario, así como algunos enlaces de notas periodísticas donde han dado a conocer nuestro enorme y desesperado problema.
Quedó a sus apreciables órdenes con la esperanza de su intervención pronta para alcanzar y recuperar la certeza jurídica y sobre todo la confianza en nuestras instituciones y la tranquilidad de la comunidad indígena de Santo Tomás El Pedregal, dónde deseamos ser testigos de que bajo su honorable cargo, la justicia es para quien la merece, no para quien pueda pagarla.
Atentamente
Maribel Reyes González
Domicilio conocido Santo Tomás El Pedregal, Valle de Bravo
