Estado de México: laboratorio de la corrupción política de México

Rocío Fuentes García 

**Los casos de desvío de recursos conocida como la Estafa Maestra, los cuantiosos recursos que el CUSAEM no ha enterado al ISSEMYN, la famosa “operación Berlín”, y otros casos de corrupción, han comenzado a prescribir o de plano, ya no se les da seguimiento en ninguna instancia de fiscalización

Durante varios momentos, muchos analistas políticos señalaban que las elecciones para gobernador del Estado de México eran el laboratorio electoral que definiría el rumbo del resultado de los comicios presidenciales. Si bien en 1999, 2005, 2011 y 2017 ganó el PRI la gubernatura, solamente en 2012 se pudo constatar cierta relación entre el resultado local con el federal, ya que en ese año dicho partido ganó la presidencia de la República, lo cual recalca el interés que despierta a nivel nacional los comicios mexiquenses. Pero el Estado de México, más que ser un laboratorio electoral, es un espacio territorial donde se práctica la corrupción política a nivel estatal y municipal a todo galope. Para quienes se dedican al estudio de las ciencias sociales que quieran estudiar el fenómeno de la corrupción de manera integral y concreta, deben voltear al Estado de México. Desde marzo de 1929, año en que fue fundado el PNR, abuelo del PRI, en el Estado de México no ha habido alternancia política, junto con algunas entidades como Coahuila y Hidalgo, lo cual ya es un síntoma  que habla del férreo control político de las elites locales, conocido como Grupo Atlacomulco. 

El Estado de México, a diferencia de otras entidades de la República Mexicana no ha logrado fincarle cargos por corrupción a ningún exgobernador, tal y como ha ocurrido en Veracruz, Puebla, Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, y vaya que en la entidad han sido señalados por sendos casos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y desvío de recursos ex gobernadores como Arturo Montiel Rojas (las casas de Valle de Bravo), Enrique Peña Nieto (Grupo HIGA) o Eruviel Ávila Villegas (desfalco del ISSEMYN). Las claves han sido mantener bajo su control a los titulares que han pasado por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México y la Contraloría del Poder Legislativo, para que no ejerciten ninguna acción legal que comprometa el estatus quo

Cuando la oposición al PRI ha tenido la mayoría legislativa en el Congreso local como ha ocurrido entre 2006-2009 y 2018-2021, los grandes casos de corrupción que debieron haberse investigado, no dieron ningún resultado. Las razones se encuentran en la manera en cómo desde el gobierno estatal se ha ayudado a los diputados con la entrega de apoyos en especie como parte de la dieta legislativa o sencillamente por el desinterés para combatir a fondo la corrupción política. El electorado mexiquense ha sido muy benevolente con los partidos opositores al PRI que han confiado en ellos –léase el PT, PRD, PAN y ahora MORENA-, ya que permanentemente les refrendan su apoyo en los comicios, pero sin entregar ningún resultado tangible en contra de la corrupción. 

En la pasada legislatura, la mayoría de MORENA liderada por el Grupo de Acción Política (GAP) –otrora corriente interna del PRD y actualmente se le puede ubicar como la facción política más fuerte de MORENA en el Estado de México-, propuso la modificación de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, para eliminar como requisito para la designación del Auditor Superior del Estado de México, el no haber sido representante de elección popular, lo que le abrió la puerta a uno de los suyos, la diputad federal Miroslava Carrillo. Hasta la fecha, los casos de desvío de recursos conocida como la Estafa Maestra, los cuantiosos recursos que el CUSAEM no ha enterado al ISSEMYN, la famosa “operación Berlín”,  y otros casos de corrupción, han comenzado a prescribir o de plano, ya no se les da seguimiento en ninguna instancia de fiscalización. Tal vez la consigna de los dirigentes del GAP cuyo liderazgo recae tanto en el senador Higinio Martínez Miranda como en la Secretaría de Educación Pública Defina Gómez, sea presionar lo más que se pueda al gobernador Alfredo del Mazo para que no vuelva orquestar un fraude electoral de las dimensiones del 2017 en las elecciones de 2023, so pena de iniciar una persecución política en su contra. Contra su pasado reciente, MORENA se ha convertido en otro instrumento de corrupción política del nuevo régimen. 

El Estado de México bien puede ser considerado el caso paradigmático de prevalencia de la corrupción política de México y del mundo, ya que la impunidad es la constante y nadie asume ninguna responsabilidad política, administrativa o penal, por los grandes desfalcos al erario a lo largo de décadas. Para quienes quieran estudiar de cerca la corrupción política de México, dense una vuelta por el Estado de México para que puedan ver el mundo pleistoceno de las viejas formas de robar y de no ser castigado.