¡Fue el narcoestado!
Por Andrés Lund Medina / Rebelión
¿Qué se quiere ocultar del caso de la ominosa Noche de Iguala y la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa?
Lo primero que cabe destacar es que no fue un acto habitual de terrorismo de Estado del régimen oligárquico neoliberal mexicano, que ha tenido muchas y escandalosas expresiones violentas, por ejemplo: los campesinos masacrados en Aguas Blancas, en Coyuca de Benítez, en 1995; los campesinos asesinados en el Charco, en 1998; la represión y encarcelamiento de casi mil estudiantes de la UNAM para terminar su huelga en 2000; la brutal represión y tortura a los pobladores de Atenco y de la ciudad de Oaxaca en 2006, para terminar con la APPO; el secuestro y desaparición de 38 trabajadores petroleros en Cadereyta, Nuevo León, en 2007; la matanza de Tlatlaya en 2014; los muertos de Aquila en 2015; el operativo represivo contra el magisterio en la comunidad de Asunción Nochixtlán, en Oaxaca, en 2016, etc.
Sin duda, los asesinatos, torturas y la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa fue una operación de Estado, pero ordenado por un grupo de narcos que querían recuperar un cargamento de heroína. Lo notable es que esa operación involucró al gobernador de Guerrero, a varios alcaldes del estado, a policías de varios municipios, a militares del cuartel de Iguala y a grupos delincuenciales; el acto fue tan brutal y duró tanto tiempo que también implicó al Poder Judicial, al ejército, al mismo Poder Ejecutivo, Enrique Peña Nieto.
Por eso, casi de inmediato, un coro popular exclamó: ¡Fue el Estado!
Fue el Narco Estado, procreado y desarrollado por las políticas económicas neoliberales (asfixiando la economía popular y asesinando al campo mexicano) y configurado por el régimen oligárquico neoliberal (autoritario y corrupto). La industria capitalista de las drogas floreció en algunos países de América Latina para satisfacer los requerimientos de consumo de los adictos de Estados Unidos, con enormes ganancias que crecieron exponencialmente (actualmente llegan a la inimaginable cifra de 3.6 billones de pesos). Con tal cantidad de ganancias extraordinarias por la prohibición existente, los carteles de narcos pasaron de pagar cuotas a funcionarios públicos a comprarlos y a penetrar en el aparato estatal: pasaron de pagar a la tropa y mandos medios a poner a generales a trabajar a su servicio; penetraron en casi todos los municipios, comprando a alcaldes y a gobernadores; adquirieron candidatos, mandos de partidos políticos, puestos gubernamentales; penetraron en el Poder Judicial, comprando ministerios públicos, jueces y hasta magistrados de la Suprema Corte de Justicia. Por supuesto, también penetraron en el Poder Ejecutivo, desde Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto. De más está decir que también hicieron alianzas con las élites económicas empresariales y financieras para que circularan blanqueadas sus megaganancias.
Del régimen bonapartista sui generis al régimen oligárquico neoliberal y narco
En esos años de gestación del Narco Estado transitamos del régimen bonapartista sui generis (Totsky dixit) al régimen oligárquico neoliberal narco.
Lo característico del bonapartismo mexicano posrevolucionario es que no dependía de un gobierno y un caudillo que pretendía colocarse por encima de la lucha de clases sino de un sistema político unipartidista y presidencialista, con un Estado social que aseguraba un reformismo social y la salvaguarda de la soberanía nacional con una economía mixta (pública y privada). De esa manera aseguraba una dominación política con legitimidad.
Cuando Miguel de la Madrid inicia la transición al neoliberalismo se empieza a desmantelar al Estado social mexicano y su reformismo social, se extermina su economía mixta privatizando las empresas públicas y con una apertura comercial que termina con toda tentativa de soberanía energética o alimentaria. Se promueve el desempleo y los salarios se aplastan, recortando los derechos laborales. Se instituye así, con la alianza entre el PRI neoliberal y el PAN ultraderechizado, un régimen abiertamente oligárquico y neoliberal, autoritario y corrupto. Por sus políticas económicas antipopulares, este régimen domina sin legitimidad, con fraudes electorales recurrentes, apelando al “lavado de cerebros” del poder de los medios de comunicación de masas y al terrorismo de Estado.
El neoliberalismo es el capitalismo salvaje del Nuevo Imperialismo del que habla David Harvey: el que va más allá de sus reproducción y acumulación a escala ampliada extendiendo sus formas de acumulación por despojo, volviendo a formas violentas y delincuenciales de expropiación y enriquecimiento. En ese contexto florece la industria capitalista de las drogas, promovida por el propio gobierno imperialista de Estados Unidos que, por un lado, la alienta para asegurar el consumo en su país, pero, por el otro, la criminaliza para ejercer un control poblacional y racializante (en Estados Unidos) y un control político en América Latina. La agenda política cambia en Latinoamérica: se pasa de centrarla en la cuestión social (pobreza y desigualdad) a focalizarla en la cuestión de la seguridad (policiaca y militar). Por eso hay una farsa de guerra contra las drogas que impone la militarización en toda América Latina.
Fracaso del gobierno de AMLO y la 4T
AMLO llega a la Presidencia gracias a las luchas contra el neoliberalismo de los años anteriores y por la crisis de legitimidad del régimen oligárquico, incapaz de generar consensos. Llega al Poder Ejecutivo con la promesa de terminar con el neoliberalismo, aunque gracias a un pacto implícito o explícito con él.
Al principio anunciaba el fin del neoliberalismo y del antiguo régimen, pero en este último trecho de su gobierno, AMLO admite que éste está vivo y lucha contra él, admitiendo incluso sus fracasos (su fallida tentativa de reforma al Poder Judicial).
Una mirada desengañada y crítica de la trayectoria de este gobierno de AMLO, bonapartista (de un caudillo que pretende conciliar entre las clases sociales en conflicto) y ubicado en la estela de los proyectos autodenominados “progresistas” de América Latina, nos revela su fracaso.
Este gobierno no logró transformaciones relevantes en (por llamarla así) la infraestructura económica: no recuperó la soberanía energética, no renegoció la ilegítima Deuda Externa, no promovió la soberanía alimentaria y careció de un programa económico de cambio. Pese a declararse desarrollista y a querer promover el progreso económico, no tiene ni tuvo una propuesta de producción industrial y rural. Promovió mayores inversiones de capitales transnacionales, el turismo y obras de infraestructura, se comprometió con el extractivismo ecocida, intentando negociar la renta petrolera para lanzar una significativa pero frágil redistribución de la riqueza.
Pero tampoco en la superestructura social ha logrado (ni lo hará) transformaciones relevantes: no hubo reforma al Poder Judicial y dejó a un neoliberal encubierto en la Fiscalía de la república (¿parte del pacto político para acceder a la presidencia?), de modo que jueces de derecha y corruptos, parte del mecanismo del Narco Estado, siguen en sus puestos y con sus funciones; también deja impunes a los partidos y sus dirigencias, comprometidos con fraudes electorales, sobornos por la votación de la (contra) reforma energética de Peña Nieto, relaciones con los narcos, saqueos mayúsculos de las arcas públicas, etc.
Por si fuera poco, refuerza al poder militar, parte fundamental en el funcionamiento del Narco Estado. Pese a las pruebas de que el ejército está penetrado por el narco hasta las cúspides, a las evidencias de que ha funcionado para ejercer el terrorismo de Estado y de que no respeta los Derechos Humanos, a su adoctrinamiento contrainsurgente y proimperialista, al riesgo de que rompa la legalidad para salvaguardar el orden burgués (como en las dictaduras militares en América del sur), este gobierno propone mantener y legitimar la militarización en nuestro país, contradiciendo su discurso de campaña… y lo que revela el caso de la noche de Iguala: el papel del ejército en el funcionamiento del Narco Estado.
Por supuesto, también ha dejado intocado el poder de los medios de comunicación de masas e impunes a los empresarios que durante años, y actualmente, violan los derechos de los trabajadores, pero ha logrado (no me queda claro qué tanto) que los grandes empresarios paguen sus impuestos.
En el caso de los 43 estudiantes desaparecidos seguimos diciendo: Fue el Narco Estado, que sigue vivo y con los militares como pieza central del mismo. ¿El Narco Estado será atacado por una pieza (militar) del mismo Narco Estado?
¿No hay otra solución? Sí, la de seguir la pista del dinero, expropiarlo y aplicar la justicia a todos los involucrados (militares, jueces, dirigentes de partidos, gobernadores, periodistas…), pero con una Fiscalía realmente comprometida con el combate del Narco Estado y transformaciones en los poderes estatales.
Una verdadera 4T debería haber empezado con convocar a una Asamblea Constituyente que cambiara las leyes para verdaderamente desmantelar al régimen neoliberal.
También debería contar con proyectos de soberanía alimentaria y de transición energética, así como programas para generar empleos útiles y ecológicos (fuera de la lógica del lucro capitalista).
Pero no puede existir una verdadera Transformación social, que es urgente y necesaria, sin la lucha popular anticapitalista con su propia organización y un proyecto de país ecosocialista y ecofeminista. Esa debe ser nuestra tarea, y la de todos las organizaciones y los movimientos populares, ante el fracaso de la 4T… que no fue.
