Guadalupe, sentenciada a 50 años por solicitar pensión alimenticia para sus dos hijos

**El caso de Guadalupe ha generado indignación y ha puesto en relieve las deficiencias del sistema de justicia mexicano en cuanto a la protección de los derechos de las mujeres indígenas

** “Aquí están mis manos, estoy limpia”

Por Guillermo Romero Zarazúa

Temoaya México. octubre 30 de 2025. La entrada es de tierra, y gran parte está cubierta de verde pasto. Guadalupe agita las manos, se alegra de vernos, “pásenle, pásenle, está es mi casa”. Un perro moviendo la cola sale a “recibirnos”, la entrada principal tiene una nopalera, atrás un pozo y una pileta con agua, al fondo una seca milpa se mueve con el aire y al hacerlo, produce un raro “coro” o sonido con el frotar de las hojas secas, Guadalupe camina entre la milpa, y hasta parece que a su paso los tallos de maíz la quieren abrazar. Nos invita a pasar a la sala de su casa.

El caso

María Guadalupe González Martínez, una mujer indígena otomí de Temoaya, Estado de México, fue sentenciada a 50 años de prisión por presunto secuestro. Sin embargo, su familia y defensa afirman que es inocente y que las acusaciones en su contra son infundadas. El caso comenzó en noviembre de 2021, cuando Guadalupe solicitó una pensión alimenticia para sus dos hijos después de separarse de su expareja, quien supuestamente la sometió a violencia doméstica.

Irregularidades en el proceso

– No se le proporcionó un traductor en su lengua materna, el otomí, durante gran parte del juicio, lo que le impidió comprender plenamente los cargos y procedimientos legales en su contra.

– El juez Víctor Martín Mejía Hernández y el Ministerio Público Raúl Amauri Velázquez Jaimes desestimaron pruebas de inocencia y recursos presentados durante el juicio.

– La sentencia se basó en testimonios y pruebas cuestionables, como mensajes de texto y fotos que, según la defensa, fueron manipulados.

Situación actual

Guadalupe permanece en libertad con un brazalete electrónico mientras su defensa apela la sentencia. Su caso ha generado indignación y ha puesto en relieve las deficiencias del sistema de justicia mexicano en cuanto a la protección de los derechos de las mujeres indígenas