La persecución de Alito Moreno y la alianza en el estado de México
Marco A Oviedo
Como ya se ha comentado en múltiples ocasiones, la persecución política en contra del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, es producto de la traición y del no cumplimiento de los acuerdos que se establecieron con el presidente Andrés Manuel, en el sentido de que el PRI apoyaría las principales iniciativas de reforma del gobierno actual. Acuerdos, que también se ha comentado, hicieron posible que Alito llegara a encabezar la dirigencia del partido tricolor.
El asunto es que Alejandro Moreno no sólo desconoció esos acuerdos, sino que peor aún, trabajó en la formalización de un bloque opositor al gobierno (electoral y legislativo) que ha puesto en verdaderos aprietos al presidente López Obrador y a su proyecto de transformación nacional.
Esta persecución política que hoy en día ya se califica como una persecución de Estado, ha propiciado los siguientes efectos y escenarios:
Todos contra Alito. En sus inicios la estrategia en contra de Alito tuvieron los efectos deseados y varios connotados panistas se declararon en contra de continuar la alianza Va por México debido al descrédito del líder del PRI Alejandro Moreno. Paralelamente, un nutrido grupo de expresidentes nacionales del PRI exigieron la renuncia de Alito a la dirigencia nacional. Y como corolario, la gran mayoría de la opinión pública se declaraba a favor de un juicio en contra de este personaje.
Los excesos del jaguar. El principal ariete de esta estrategia es la gobernadora Layda Sansores, quien periódicamente empezó a filtrar conversaciones telefónicas del líder priista con la finalidad de desacreditarlo públicamente y sentar las bases para una posterior judicialización de la estrategia. Sin embargo, la contra estrategia de Alejandro Moreno ocasionó que estas filtraciones fueran consideradas ilegales y un juez otorgó un amparo para que estos audios no se hicieran públicos.
Lejos de acatar la orden del juez, Layda Sansores buscó burlar la ley y continúa publicando las conversaciones de Alito Moreno, lo cual ha tenido un impacto negativo en la opinión pública que actualmente ha empezado a calificar esta estrategia como una persecución de Estado, con todo lo que ello implica.
Cerrando la pinza. En el contexto de esta persecución en contra del dirigente priista, se empezaron a publicar una serie de encuestas en las que se registraban los efectos negativos (decrecimiento en la preferencia electoral) hacia el PRI y hacia los partidos de la alianza opositora, con lo cual se hacía más evidente la necesidad de analizar profundamente la conveniencia de seguir sosteniendo dicha alianza.
La contra estrategia no se hizo esperar y a la par se empezaron a publicar encuestas en las que se mostraba que para el 2024 Morena podría perder el gobierno de la Ciudad de México, bastión de la 4T.
Fiel a su naturaleza, el equipo de Claudia Sheinbaum decidió cerrar la pinza y armó todo un caso al que denominaron el “cártel inmobiliario” cuyo objetivo es desacreditar al PAN y en especial al diputado Jorge Romero, actual Coordinador Parlamentario del PAN en la cámara de diputados y a su líder nacional Marko Cortés.
La contra estrategia había funcionado y ya no sólo Alejandro Moreno estaba en el ojo del huracán, ahora lo acompañaban el PAN y sus dirigentes Marko Cortés y Jorge Romero. Ahora el descrédito por corrupción empieza a ser compartido, y eso, los va a volver a unir en igualdad de condiciones.
Todos con Alito. Con base en los acontecimientos, se decidió dar el siguiente paso de la estrategia y el Fiscal de Campeche, Renato Sales (subordinado de Miguel Ángel Osorio Chong) ratificó ante la cámara de diputados una solicitud de desafuero del diputado Alejandro Moreno, lo cual ocasionó que las fracciones parlamentarias del PAN (con el tema del cártel inmobiliario sobre sus espaldas) y del PRD se unieran en apoyo al ya victimizado Alito Moreno. Mientras, la opinión pública sigue hablando de una persecución de Estado.
Sí a la alianza en el estado de México. Si en la primera etapa de la estrategia en contra de Alejandro Moreno se había conseguido que los panistas empezaran a otear otros horizontes alejados del PRI, lo cual incluía el estado de México; con la “fabulosa” idea del caso del “cartel inmobiliario”, ahora los panistas han vuelto al redil, y el pasado 21 de agosto en su reunión en Toluca que sirvió para alimentar el ego de Enrique Vargas, también sirvió para dar los primeros pasos para avanzar en la alianza opositora fincada en “reglas claras y acuerdos firmes y transparentes”.
Aunado a lo anterior, esta semana de finales de agosto no ha sido nada generosa con Enrique Vargas porque se ha comenzado a filtrar en los medios nacionales, mucho del negro historial del aspirante panista; lo cual, indudablemente desembocará en afianzar la alianza Va por México, con el PRI a la cabeza.
Ahora la responsabilidad está en la cancha del PRI mexiquense (no de Alito) y de que quienes toman las decisiones. Alejandra del Moral o Ana Lilia Herrera son las cartas fuertes del priismo estatal. En los días subsecuentes veremos cómo liman las desavenencias internas entre la clase política priista mexiquense y cuáles serán los acuerdos que se tomarán para conservar la gubernatura en 2023.
La crónica de estos hechos no busca exonerar de cualquier culpa a Alejandro Moreno ni de las denuncias que la fiscalía de Campeche ha empezado a judicializar, pero como decía Don Jesús Reyes Heroles “en política la forma es fondo” y desde los motivos, los personajes, las artimañas, los recursos, las instituciones y las ilegalidades que se han visto involucradas en este caso, todo parece apuntar a una persecución de Estado. Ojalá que, en los próximos comicios del estado de México, no presenciemos una elección de Estado.
**fotografía de la Web
