Las movilizaciones en Colombia. Entre el racismo y la resistencia, un pasado siempre presente.

                                                 Por: Karem Andrea Pérez Ascencio

** La doctora en cuestión tiene noción de que en Cali como en otras áreas de Colombia los paramilitares, que dependen del tráfico de cocaína, torturan y matan a campesinos e indígenas

Un mensaje de Whatsapp expuso recientemente la herida colonial en Colombia, la médica caleña Juliana Andrea Rojas Neira cita, en el Whatsapp de profesionales de la Clínica Imbanaco de la que hace parte, a Sun Tzu  y su libro  el “Arte de la guerra”, específicamente el siguiente apartado  “si mi enemigo es también enemigo de mi enemigo… entonces puede ser mi amigo”, acto seguido escribe, 

            “Eso es lo que hay que hacer, aquí más de uno se puede dedicar… pero dan ganas de que vengan las autodefensas y acaben literalmente con unos mil indios, así poquitos nada más para que entienda.. Ay si yo supiera donde tengo que dar plata para que esto pase, yo voy volando, si alguien sabe me avisa.  

Parece tan monstruosamente injusta esta sentencia a muerte, esta negación del trabajo brutal que hace la gente aún hoy, de todas las generaciones que han extraído la riqueza de este país. Este hecho oculta que, por más de tres siglos de ocupación española, la colonia representaba y de lo que dependía era del trabajo de esclavos de África en las minas de oro. Ese oro que convertido hoy en moneda preparó el despegue capitalista de Europa y lánguidamente en América y con el cual esta profesional pagaría presurosamente a las autodefensas para acabar con mil indios, muy seguramente con los billetes que tienen como imagen dos indígenas y unas viviendas de la cultura Tayrona.  

Esta medica escribe dicho mensaje en el contexto de las marchas que realizaron el sábado ocho de mayo habitantes de la comuna 22 de Cali, un exclusivo sector de la ciudad que se manifestaba para evitar que la Guardia Indígena bloqueara la carretera que le da acceso al centro de la ciudad, situación que termino en un enfrentamiento entre quienes se vieron afectados por el bloqueo de la vía a Jamundí  y la caravana de carros escaleras o chivas que movilizan a la Guardia Indígena. En la avenida Cañasgordas la Guardia Indígena se encontró a su paso con mensajes como “Cali se respeta” esto generó enfrentamientos con los residentes dejando un saldo de 11 indígenas lesionados, dos carros quemados y otros daños entre Pance y Ciudad Jardín. 

Cali ha sido uno de los epicentros de las movilizaciones multitudinarias que se han desarrollado en Colombia a partir del 28 de abril del presente año, en contra de una reforma tributaria que enviara el gobierno al Congreso y que buscaba recaudar 23 billones de pesos (6.300 millones de dólares) para mejorar las finanzas públicas y financiar los programas de asistencia social. Si bien es cierto que el país necesita mejorar su sistema tributario, esta reforma planteaba aumentar el número de personas declarando impuestos sobre la renta con el aval, la visión y el marco conceptual del Fondo Monetario Internacional (FMI) en plena pandemia, agudizando las condiciones de vulnerabilidad preexistentes del país más desigual de América Latina (el índice GINI es de 51,3)  y de los habitantes de la capital del Valle de Cauca, que pasó de tener en el 2019 un índice de pobreza de 21,9 a 36,3 en el 2020 y una tasa de desempleo del 15,9, por encima del promedio nacional (14,2%) , en este marco la Guardia Indígena emprendió la marcha hacia Cali para unirse a los manifestantes que desde hacía una semana protestaban en contra de una reforma tributaria en plena pandemia. 

Cali joven

El 1o. de mayo de 2021 y pese a la pandemia miles de manifestantes se congregaron en la Calle Quinta, a la altura de la Loma de la Cruz, la mayoría de ellos jóvenes reclamando mejores oportunidades. Cali podría denominarse una ciudad demográficamente joven, con un elevado sentimiento incertidumbre frente al futuro. Los jóvenes están desempleados y endeudados lo que genera un sentimiento de desesperanza. De acuerdo con la encuesta ¿Qué piensan, sienten y quieren los jóvenes en Colombia? Un proyecto de la Universidad del Rosario que nació a partir de las movilizaciones de noviembre de 2019, la tercera emoción que predomina en ellos, después de la alegría y el miedo, es la ira. 

La mayoría de personas en edad productiva en Cali se emplean en el sector de servicios y/o informal, sector que se ha visto brutalmente afectado, producto de los toques de queda y las cuarentenas implementadas para prevenir los contagios del virus generando que cada vez sean menos los ingresos de los jóvenes. 

Su malestar no es solo con el gobierno nacional, los jóvenes no hacen parte de ningún programa o política pública local, son testigos del despilfarro y la corrupción de la Alcaldía y la nula respuesta de la administración frente a la pandemia, que no ha rendido cuentas sobre los gastos e inversiones y a quienes se direccionan los apoyos.  

Historia de lucha

La desigualdad que experimenta la capital del valle justifica las masivas movilizaciones en la ciudad, pero no las explica del todo, para la profesora Silvia Otero Bahamon, hay otras ciudades donde la desigualdad se ha ampliado producto de la pandemia, como Cartagena donde la pandemia destruyo el turismo.  Según la profesora la diferencia para entender los estallidos de la protesta tiene que ver con las organizaciones sociales, en Cali proliferan históricamente sindicatos, gremios, centrales obreras, colectivos de estudiantes con una capacidad organizativa mayor. Cali además recibe la influencia del Cauca, Nariño, el Pacifico, el Sur Occidente de Colombia, cuya capacidad organizativa es superior a la del resto del país gracias a los procesos comunitarios de las Mingas Indígenas. 

El analista Diego Arias afirma que Cali tiene una herencia de rebeldía política que se remonta a los años 70, en sectores como Siloé y el Distrito de Aguablanca, donde aún habitan los abuelos que libraron luchas sociales por los sectores populares. 

Así mismo, podríamos afirmar que a partir de 2016 las calles y plazas de toda Colombia han sido ocupadas por millones de manifestantes exigiendo la defensa de la paz y el cumplimiento de los acuerdos, la protección de los líderes sociales y la solidaridad con quienes han sido asesinados, así como el rechazo a propuestas de modificación de los regímenes pensionales, laborales y tributarios. Manifestaciones multitudinarias e históricas se presentaron en todo el país como la realizada el 21 de noviembre de 2019 para respaldar los diálogos de paz, la marcha del 09 al 21 de septiembre de 2020 en contra del abuso policial, el mal manejo ante la crisis económica y social provocada por la pandemia. En especial la manifestación realizada en octubre del 2020 liderada por las organizaciones indígenas que emociono por su valentía y movilizo a gran parte de la sociedad en torno a sus exigencias.

Entonces las movilizaciones que avanzan a partir del 28 de abril de 2021 hacen parte de una gran lista de movilizaciones que manifiestan el malestar ciudadano que ha sido objeto de estigmatización y represión de la fuerza pública. Lo que empezó como una fuerte oposición a una reforma impopular y a un ministro de hacienda que desconocía el valor de una docena de huevos (y en general de toda la canasta familiar), ha escalado al punto de lograr que se retirara la reforma en el congreso de la reforma tributaria, la reforma a la salud que pretendía privatizarla, la renuncia del mencionado ministro, la propuesta de dialogo del presidente Iván Duque con los distintos sectores de la sociedad civil, dialogo que hasta el momento parece ser entre elites. Estos logros no han llegado pacifica o gratuitamente, según los organizaciones de Derechos Humanos, entre el 28 de abril y 05 de mayo se presentaron 1708 casos de violencia policial, 381 víctima de violencia física por parte de la policía, 31 muertes (en proceso de verificación), 1180 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes, 239 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 31 víctimas de agresión en sus ojos, 110 casos de disparos de armas de fuego por parte de la policía y 10 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública, así mismo la Defensoría del Pueblo ha registrado 87 quejas por presuntas desapariciones durante las protestas del Paro Nacional del 28 abril. A partir del 1o. de mayo, las redes sociales y las calles de toda Colombia han registrado el despliegue militar de un estado de excepción con la Policía disparando en contra de los manifestantes desarmados, esta es la respuesta más violentamente represiva en tiempos de pandemia a nivel mundial.  

En Cali las protestas tuvieron mayor intensidad debido a la movilización de las organizaciones indígenas después del asesinato de Sandra Liliana Peña, gobernadora indígena quien rechazaba la presencia de todos los actores armados en su territorio. Esta ciudad es el segundo centro urbano más negro de América del Sur, donde la débil respuesta a la violencia policial por parte de las instituciones colombianas ha dado lugar para que civiles armados amenacen y disparen a los manifestantes bajo la idea de que son vándalos y terroristas. 

La sucursal del cielo 

Se ha convertido en un slogan y se ha masificado por los medios de comunicación la denominación de “la sucursal del cielo” para referirse a Cali, solo que, en este cielo los barrios están azotados por la pobreza y la violencia. Las Mafias, el narco menudeo, el paramilitarismo, las bandas criminales, el sexismo y el racismo rampantes. También gente joven sin ningún futuro que hoy sale a la calle a pedir una vida digna y que es reprimida por la fuerza pública. 

Esta realidad coincide con la forma en la que la médica describe a los indígenas, al inicio de este artículo se hace alusión a un mensaje que escribe la profesional y que es filtrado por otros usuarios donde se refiere a los enemigos y al arte de la guerra un libro Sun Tzu, aquí la alusión consistía en hacer un frente entre sus pares para enfrentar a un enemigo común, haciendo uso de las autodefensas para acabarlos, no hipotéticamente hablando, literalmente a una cifra determinada de indígenas, a modo de lección, su urgencia por realizar dicha tarea la lleva a pedir información al resto, en el grupo de whatsapp denominado la “familia Inbanaco” como se llama la institución médica donde trabaja. 

La doctora en cuestión tiene noción de que en Cali como en otras áreas de Colombia los paramilitares, que dependen del tráfico de cocaína, torturan y matan a campesinos e indígenas que acusan de colaborar con la guerrilla para correr así las cercas del cultivo de coca. Se sabe que la pesadilla de un inminente baño de sangre paramilitar nunca puede ser descartada, que la puerta siempre esta entreabierta para aquellos que quieran iniciar el apocalipsis inminente.

Esta sociedad esclavista, que abolió en 1851 la esclavitud, revitaliza por medio de sus clases dirigentes su legado permanentemente, configurando una sociedad con un racismo estructural que atraviesa todas las clases sociales. Y es por eso que a varios de los habitantes de Ciudad Jardín, incluida la doctora en cuestión, les pareció molesto que la Guardia Indígena circulara por su barrio, tan así que resolvieron dispararles. 

El presidente por su parte hizo lo suyo, ordeno a los indígenas regresar a sus resguardos e inicio una intensa militarización en todo el país. Les pidió que regresaran porque bajo su mandato racista solo saliendo de la barbarie, se puede llegar a la tan anhelada civilización y progreso sin que esto signifique que desaparezca la mano de obra. Duque restringía la ciudad a la Guardia Indígena, les negaba así su derecho a ser ciudadanos colombianos, los medios registraron el hecho como “ciudadanos e indígenas se enfrentaron” reproduciendo la histórica antinomia civilización y barbarie. Esta histórica eliminación de los indígenas en la nación, es ejercida efectivamente todos los días, por los ciudadanos de bien, como les gusta llamarse a los sectores acomodados de país, implica que mientras unos tienen asegurados sus derechos y sus privilegios por el estado, los otros, los indígenas, luchan por la defensa de sus derechos con inteligencia, organización, perseverancia y dignidad. En la asamblea del comité del paro realizada en el Valle del Cauca el Consejero Mayor del El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) Ermes Pete Viva, dejo claro que “un movimiento sin palabra certera y orientadora no tiene muchas posibilidades de éxito”, de esa palabra saben mucho los indígenas, quienes enfrentan históricamente ataques como el de la doctora. 

Reflexiones finales 

En este escenario la gravedad de la pandemia se desvirtúa, aun cuando fue la razón por la cual se agravaron las condiciones de desigualdad preexistentes en Colombia, la protección de la vida no ha sido una prioridad del Estado colombiano, por el contrario, es automático el uso de la necropolítica por el gobierno de turno, dando prioridad a la economía y a la obsesión por retornar a una normalidad que representa, para la mayoría, poco bienestar y si mucha calamidad. Las consecuencias de las crisis social y económica de la pandemia se acumulan a las crisis preexistentes que intentan cumplir los lineamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI) con el endeudamiento del estado, agravamiento de la deuda y reformas tributarias a trabajadores y trabajadoras, indígenas, campesinos, estudiantes, cada vez más empobrecidos que resultan cruelmente reprimidos a la hora de reclamar sus derechos.

De última hora

En el momento que se publica el artículo, la Policía Nacional de Colombia asesina a jóvenes en Cáli.