Los solapadores de la corrupción 

Rocío Fuentes García 

Toluca, Estado de México. De cara a las investigaciones que está llevando la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública para sancionar los actos de corrupción que presuntamente cometió y consumó Emilio Lozoya Austin por cohecho y utilización indebida del ejercicio del cargo público que le fue conferido por Peña Nieto, existen por lo menos tres mexiquenses que tuvieron acceso y conocimiento a la información sobre los casos que están en ciernes, sobre todo cuando éstos fueron responsables de combatir la corrupción en la Secretaría de la Función Pública durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y que hoy ocupan importantes responsabilidades en la administración pública estatal encabezada por Alfredo del Mazo Maza, gobernador del Estado de México y primo hermano del exmandatario. 

Llama poderosamente la atención que ante las inconsistencias relacionadas con las declaraciones patrimoniales de bienes de inicio y conclusión de Emilio Lozoya, de donde se desprende que indebidamente adquirió éste economista egresado del ITAM varios inmuebles que ostensiblemente rebasaban sus ingresos como servidor público, no hayan dicho nada los funcionarios de la Secretaría de la Función Pública encargados de revisar el patrimonio de los servidores públicos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. A Emilio Lozoya se le acusa de recibir sobornos al inicio de la administración de Peña Nieto, de parte de Alonso Ancira propietario de Altos Hornos de México, con los cuales pudo adquirir lujosos inmuebles en la Ciudad de México y en Ixtapa Zihuatanejo, y cuyo favor devolvería  Emilio Loyoza desde PEMEX,  para que la empresa productiva del Estado comprara la planta de Agronitrogenados en más de 250 millones de dólares, valiéndose de solicitará un avalúo del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales para poder justificar la adquisición. En ese entonces, Javier Vargas Zempoaltecatl, actual Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, era el Director General de Responsabilidades Administrativas, quien tenía a su cargo llamar a cuentas a los servidores públicos que falsearan declaraciones patrimoniales, como sería el caso de Emilio Lozoya Austin. Otro de los personajes que tampoco hizo nada por revisar el patrimonio irregular de Emilio Lozoya fue Jesús Antonio Suárez Hernández, actual contralor interno de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, y quien fue en su momento Director General Adjunto de Verificación Patrimonial ya que éste servidor público era quien recibía las certificaciones de las declaraciones patrimoniales que emitía la Dirección General de Información e Integración. Así transcurrió la impunidad en el gobierno de Peña Nieto. Ya como Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, Javier Vargas Zempoaltecatl fue quien trabajó en el Informe en que se exculpó a Peña Nieto y a Luis Videgaray de haber recibido por parte del José Antonio Hinojosa, propietario de Grupo HIGA, inmuebles como pago por los favores concedidos para realizar obra pública en el Estado de México y a nivel federal. 

Ya como Director General de Quejas y Denuncias de la Secretaría de la Función Pública, Jesús Antonio Suárez Hernández, fue omiso en llevar a cabo las investigaciones por presuntos sobornos que la empresa brasileña Odebrecht había dado a Emilio Lozoya Austin para adjudicarse los trabajos de modernización de la refinería de Tula, Hidalgo. A la salida de ambos personajes de la Secretaría de la Función Pública a principios de septiembre de 2017, el sucesor de Javier Vargas en la Subsecretaría de nombre Gabriel Carreño Camacho, quien ocupa actualmente la Subsecretaria de la Contraloría del Gobierno estatal, es otro personaje ligado a los intereses de Peña Nieto en las tramas de corrupción. Por ejemplo, Gabriel Carreño en su paso por la Subsecretaria de Responsabilidades de la SFP entre septiembre de 2017 y noviembre de 2018, tampoco quiso que avanzaran las investigaciones acerca de los 10.5 millones de dólares que Odebrecht admitió que había pagado al gobierno mexicano a cambio de contratos públicos entre 2010 y 2014, lo que había beneficiado a la empresa brasileña con más de 39 millones de dólares. Por lo que se desprende que los funcionarios del peñanietismo, tampoco quisieron investigar las irregularidades cometidas por servidores públicos del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, aun cuando estaban obligados a aplicar la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ratificada por México el 27 de mayo de 1999. 

Muchas de las respuestas de los casos Odebrecht y Agronitrogenados las puedes dar los exfuncionarios públicos peñanietistas que hoy trabajan para el primo hermano. La Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública tendrían que citar a declarar a Javier Vargas, Jesús Antonio Suárez Hernández y a Gabriel Carreño Camacho, entre otros, para que aclaren, amplíen y respondan por qué solaparon la corrupción –incluidos los exsecretarios Virgilio Andrade y Arelí Gómez- y alentaron el no avance o retraso de las investigaciones que a ellos les correspondía realizar en los tiempos que marca la Ley. Sería sano que se aclaren éstos tres personajes los vínculos de complicidad tienen frente a los grandes escándalos de corrupción de México, los cuales siguen sin sancionarse de forma ejemplar.