LXI Legislatura sometida a la fuerza del Ejecutivo Estatal, al aprobar reformas en contra de los servidores públicos y del propio ISSEMYM

Isaac Ocampo García

**De acuerdo con la cuenta pública 2017, los adeudos que las entidades públicas tenían con el instituto, ascendían a 6 mil 879 millones 758 mil 100 pesos, de los cuales mil 200 millones533 mil 378 correspondían al CUSAEM

Conferencia de prensa del Partido del Trabajo (PT) Estado de México, encontrándose presentes, entre otras personas, el coordinador estatal del PT, Profesor, Norberto Morales Poblete, el Dr. Mariano Villegas; Ricardo Ramos Arzate y Ana Yuritzi Leyva Piñón.

En voz del Dr. Mariano Villegas, lo siguiente:

La Asamblea Estatal en Defensa de la Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado de México y Municipios, respecto de la aprobación realizada por la LXI Legislatura a la Iniciativa del gobernador, Alfredo Del Mazo, mediante la cual reformaron diversos artículos de la Ley de Seguridad Social y otras autorizaciones con impacto en la situación financiera, jurídica del ISSEMYM, manifiesta:

Primero. La Asamblea Estatal ratifica el compromiso fundamental de alcanzar el fortalecimiento del ISSEMYM, evitar la privatización de las pensiones y terminar con la corrupción, la ineficiencia y el saqueo que las autoridades han hecho con los recursos de los trabajadores y jubilados.

Segundo. Mantenemos en alto la exigencia de miles de trabajadores y jubilados de no aceptar una reforma más del ISSEMYM, mientras no haya transparencia en el manejo de los fondos de los trabajadores, y no se tengan respuestas claras que expliquen la descapitalización, quebranto o desfalco financiero del instituto.

Tercero. El 26 de enero del presente, formalmente rechazamos la iniciativa del gobernador por la que se pretendía reformar los artículos 70 y 133 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, por ser contraria a los derechos de los servidores públicos. En tiempo y forma, es decir antes de que se aprobara en comisiones, la Asamblea Estatal fue la única organización que hizo patente el rechazo a tal reforma de manera clara, precisa y argumentada.

En un documento entregado a la diputada María del Carmen de la Rosa Mendoza, presidenta de la Comisión de Planeación y Gasto Público, y al diputado Javier Santos Arreola, presidente de la Comisión de Finanzas Públicas, pedíamos que no se aprobaran estas reformas por atentar contra de los intereses de los trabajadores, y que, en consecuencia, tendrían un  impacto negativo en el incremento del monto de las pensiones y en el monto del seguro de fallecimiento.

Cuarto, en el mismo documento, también pedíamos a los representantes del pueblo que integran la LXI Legislatura que no aprobaran la autorización solicitada por el gobernador para la regularización por concepto de adeudos con el ISSEMYM, ya que sus alcances, como lo hemos advertido en otras ocasiones, legalizan el robo que se ha hecho de las cuotas y aportaciones de los servidores públicos. Ahora resulta que a los municipios e instituciones deudoras que consuetudinariamente violentaron la ley al no pagar oportunamente las cuotas y aportaciones de los trabajadores, y que no extrañaría que fueran a parar a cuentas particulares, se les premia con plazos de hasta 15 años para regularizar los que se robaron. Es doblemente reprobable esta conducta, debido a que ya se ha repetido en otras ocasiones como fue el caso de mayo de 2007 y diciembre de 2019 cuando, legalmente, se les perdonó las multas y recargos, y se les concedieron plazos de hasta 5 y 7 años respectivamente, y así pagar lo robado en cómodas mensualidades.

Quinto. No nos sorprende que la Legislatura se haya visto, una vez más, sometida a la fuerza del Ejecutivo Estatal, al aprobar reformas en contra de los servidores públicos y en contra del propio ISSEMYM, sino que ni siquiera se haya enterado de lo que aprobaron: no hubo discusión ni análisis sobre el particular en comisiones y mucho menos en el pleno de la legislatura.

Sexto. En ese contexto de acuerdos y arreglos cupulares, con el resultado inequívoco de que nadie defiende a los trabajadores, la Asamblea se vio obligada a recurrir a la justicia Federal para interpretar juicios de amparo en contra de actos del gobernador del Estado de México, y la LXI Legislatura. Al solicitar la protección de la Justicia Federal frente a los actos antes mencionados que, objetivamente, contravinieron el criterio de progresividad establecido en la Constitución General para los Derechos Humanos como lo es la Seguridad Social, se hace con plena conciencia de la necesidad de dar la lucha jurídica, de la que esperamos lisa y llanamente justicia. Justicia es todo lo que reclaman los trabajadores al servicio del Estado y Municipios para que tenga garantizado el derecho a la seguridad social para ellos y sus familias. Llamamos a todos los trabajadores y jubilados a estar atentos en el curso de estos juicios, por lo pronto habrá que tomar en cuenta que la audiencia constitucional se llevará a cabo el 6 de abril del presente en el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparos y Juicios Federales en el Estado de México.

Séptimo. Seguimos exigiendo de la Legislatura la realización inmediata de la Auditoría Externa Independiente, que fue aprobada el 5 de marzo de 2019, a propuesta del PT. Esta auditoría deberá realizarse a través de un despacho independiente y con capacidad técnica suficiente para conocer del años 1998 al cierre de 2018 de las reservas financieras, cumplimiento de la normatividad, fondos de pensiones, patrimonio, inversiones y criterios, montos de cuotas y aportaciones, rendimientos, intereses, capitalización, adeudos de instituciones y demás acciones indispensables para conocer la naturaleza y perspectiva financiera del instituto. Cuyos resultados son indispensables para la reforma que requiere el ISSEMYM.

Octavo. De la Legislatura pedimos actuar de acuerdo con la ley y dejar la simulación. Es una verdad a veces que la problemática financiera del ISSEMYM se debe, fundamentalmente, a la corrupción y al saqueo de que ha sido objeto desde hace mucho tiempo. Por ahí hay que empezar, ese es el camino de la solución definitiva. Por eso, entre otras acciones, llamamos a las y los diputados que se identifican con la transformación democrática que exigen las y los mexiquenses a que se finquen responsabilidades contra quienes hayan realizado uso indebido de los fondos de los trabajadores y contra quienes habiendo conocido de violaciones en el manejo del patrimonio de los trabajadores y los hayan encubierto. Y que se proceda al cobro inmediato a las instituciones públicas que adeudan cuotas y aportaciones millonarias que incluyan los intereses moratorios, y las multas y recargos procedentes.

Como dato de interés, basta señalar que, de acuerdo con la cuenta pública 2017, los adeudos que las entidades públicas tenían con el instituto, ascendían a 6 mil 879 millones 758 mil 100 pesos, de los cuales mil 200 millones533 mil 378 correspondían al CUSAEM (una sociedad fantasma que no es pública pero que goza de los servicios de seguridad, que no paga cuotas y aportaciones y que, además, ha gozado de protección gubernamental). Entre otras instituciones deudoras está la UAEMÉX, que llegó a reconocer adeudos por casi 3 mil millones de pesos, y que sólo por concepto de cuotas retenidas y no enteradas alcanzaba la cifra de mil 130 millones 900 mil pesos. El resto del adeudo se repartía entre instituciones municipales. Sobre todo se habría de investigar, particularmente, los actos y omisiones de quienes han asumido los cargos de Director General del ISSEMYM y de Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de México., este último en virtud de que por ley, es a la vez el Presidente del Consejo Directivo del ISSEMYM.

Hasta hoy, por desgracia, la impunidad ha sido la constante de todas las irregularidades, vicios y delitos que se han consumado en el instituto frente a la mirada indolente de las autoridades y representantes populares. No basta con subir a la tribuna y arengar que tienen preocupación por el estado que guarda el instituto, con eso no se resuelve nada. Se trata por lo menos de ser congruente y que actúe con decencia para hacer realidad el Estado de Derecho y dejar de ser cómplice de la corrupción y saqueo del ISSEMYM.

Noveno. Reiteramos una vez más que se derogue el Artículo 33 de la Ley de Seguridad Social que fue declarado inconstitucional por la SCJN por contravenir los principios de proporcionalidad y equidad tributarios, toda vez que los pensionados pagan una cuota mayor de su pensión que los trabajadores en activo. (Los pensionados pagan 6% por servicios de salud y los trabajadores en activo 4.625%).

ATENTAMENTE.

ASAMBLEA ESTATAL EN DEFENSA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS.

¡POR UN ISSEMYN EFICIENTE Y SIN CORRUPCIÓN!

¡NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LAS PENSIONES!

¡QUE REGRESEN LO QUE SE LLEVARON!

¡BASTA DE IMPUNIDAD!