Mandan Iniciativa de Ley al Congreso mexiquense, en pro de la interrupción legal del aborto
** La legislación vigente en el estado de México continúa criminalizando el aborto
Por Isaac Ocampo García
(Rueda de prensa; Marea Verde)
Toluca, Méx., Septiembre 19 de 2024. Evento encabezado por integrantes del Colectivo Marea Verde, acompañados de otros organismos civiles y con la presencia de legisladoras de diversos partidos políticos, que hoy integran la LXI Legislatura del Estado de México: quienes recibieron de manos del colectivo, copias de la Iniciativa de Ley, en pro de la interrupción legal del aborto en la entidad mexiquense; a aprobarse en dicha legislatura.
El estado de México, el más poblado de los 32 estados que conforman los Estados Unidos Mexicanos, tiene un papel central en la configuración del panorama político y la conducción legislativa del país. A pesar de los avances conseguidos a nivel nacional en el reconocimiento del acceso al aborto como un derecho constitucional y humano, la legislación vigente en el estado de México continúa criminalizando el aborto, con excepciones en casos de acción culposa, cuando el embarazo es resultado de violación, cuando existe riesgo para la vida de la mujer embarazada, o cuando el producto sufre de “alteraciones genéticas o congénitas”. En un contexto de alarmantes índices de violencia de género, incluyendo feminicidios y violencia sexual, las restricciones de acceso al aborto agravan incluso más la discriminación contra mujeres y niñas en el estado. Por otro lado, la vecina Ciudad de México ofrece servicios de aborto sin restricciones hasta la doceava semana de embarazo, lo cual denota las profundas diferencias que existen en la protección de los derechos reproductivos entre los distintos estados mexicanos. Este informe analiza el acceso al aborto en el estado de México durante el período comprendido entre enero de 2018 y febrero de 2024. El informe evidencia que la existencia de causales para el aborto no garantiza el acceso a este servicio, incluso en los casos comprendidos bajo dichas causales. La despenalización del aborto en el estado de México es un paso fundamental para garantizar el acceso a este servicio de salud. Al mismo tiempo, las instituciones de salud, tanto estatales, como federales, deben seguir trabajando en conjunto para que las mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes tengan acceso a servicios de aborto sin discriminación.
Incluso en los casos comprendidos bajo las causales determinadas por la legislación del estado de México, obstáculos importantes persisten para las mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes que buscan obtener un aborto legal. Los prejuicios de género y el estigma social dificultan el acceso a atención médica necesaria, como lo demuestran reportes sobre proveedores de salud que niegan o demoran servicios, no transmiten información necesaria, cuestionan a sobrevivientes de violencia sexual y someten a mujeres a maltratos. A su vez, algunos hospitales y proveedores de salud imponen requisitos arbitrarios que contravienen o menoscaban la ley o los reglamentos existentes, limitando aún más el acceso. Por ejemplo, si bien la ley no exige autorización parental para que adolescentes mayores de 12 años puedan acceder al aborto, Human Rights Watch encontró que algunos proveedores de salud exigen ilegalmente autorización parental para adolescentes menores de 18 años. Además, algunos proveedores de salud exigen que las personas sobrevivientes de violencia sexual denuncien sus casos a las autoridades antes de acceder a servicios de aborto, a pesar de que la legislación no requiere realizar tal denuncia. El temor a consecuencias legales disuade aún más al personal de salud de prestar servicios y a usuarias de buscar atención en aborto. Las instituciones de salud también tienen que lidiar con falencias en cuanto a capacidad e infraestructura, incluyendo escasez de personal.
