Más hambre que esperanza
Informe 2024 sobre la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo
Por Sergio Ferrari / Mundo / Rebelión
Más de 730 millones de personas sufren hambre en el mundo. Un 36% más que diez años atrás. El mundo retrocedió quince años, con niveles de desnutrición actuales comparables a los de 2008-2009. Los objetivos para mejorar la situación programados hasta el 2030 parecen ya inalcanzables. Para contrarrestar esta tendencia negativa el presidente brasilero Lula da Silva acaba de anunciar la creación de la Alianza Mundial contra el Hambre y la Pobreza.
Situación mundial preocupante
Un agravante adicional: a fines del año pasado, a 2.800 millones de personas –casi una cada tres a nivel planetario– les fue imposible lograr una dieta sana. Son seres humanos penalizados por ingresos excesivamente bajos o, bien, confrontados con una insuficiente protección social de parte de los Estados. De ellos, más de 864 millones, experimentaron inseguridad alimentaria grave, pasando a veces un día entero o más sin comer.
Esta compleja realidad planetaria se describe lúcidamente en el Informe anual sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (SOFI 2024, por sus siglas en inglés), publicado el último miércoles de julio en el marco de una reunión ministerial del G20 en Río de Janeiro. Elaborado conjuntamente por cinco agencias de Naciones Unidas [la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización Mundial de la Salud, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y el Programa Mundial de Alimentos] y bajo el ojo rector de la FAO, el informe enumera las causas estructurales y los factores determinantes de este flagelo: crisis económicas, conflictos bélicos y el impacto negativo del cambio climático, que en 2023 representó el principal factor que conspiró contra la seguridad alimentaria y la malnutrición. (https://openknowledge.fao.org/items/a64a8a14-7b05-40a0-a978-25deffdf4cf7).
Estos tres factores determinantes coinciden, inevitablemente, con elementos subyacentes, como dietas sanas inasequibles, entornos alimentarios insalubres y una desigualdad persistente. El panorama del hambre, concluye el Informe, se ve agravado por el impacto directo de “la persistente inflación de los precios de los alimentos, que sigue erosionando los beneficios económicos de una gran cantidad de personas en muchos países”.
El Informe además puntualiza que los niveles de hambre siguen siendo catastróficamente altos por tercer año consecutivo tras un fuerte aumento entre 2019 y 2021. De mantenerse esta tendencia, la comunidad internacional no logrará alcanzar ninguno de los siete Objetivos Mundiales para la nutrición proyectados para 2030. En otras palabras: habrá que continuar esperando y esperando hasta asegurar un mundo sin hambre.
Los niveles de hambre no han sido regionalmente uniformes: aumentó en África, no varió esencialmente en Asia y disminuyó en América Latina, la única región que también experimentó una significativa reducción de inseguridad alimentaria. De mantenerse esta tendencia, hacia 2030 unos 582 millones de personas sufrirán desnutrición crónica, la mitad de ellas en África.
En el caso de Latinoamérica, la FAO destaca que esta región es un ejemplo para el resto del mundo debido a sus inversiones en programas de protección social. Brasil, Colombia, Perú y Chile cuentan con sólidos sistemas de protección social que les permiten reaccionar con rapidez a los cambios y orientar eficazmente sus recursos financieros hacia la lucha contra el hambre, fundamentalmente en sus poblaciones más vulnerables. Comparativamente, América del Sur logró una recuperación más veloz que otras regiones luego de la pandemia de COVID-19. Al momento de presentarse el informe en Río de Janeiro, Brasil fue, precisamente, el principal receptor de elogios de parte de la comunidad internacional. Con cifras sorprendentes para 2023: cerca de 80 programas específicos promovidos por 24 ministerios, lo cual le permitió reducir en un 85% la inseguridad alimentaria severa. (https://www.g20.org/es/noticias/la-inseguridad-alimentaria-severa-disminuye-un-85-en-brasil-en-2023-senala-informe-de-la-onu-sobre-la-inseguridad-alimentaria-mundial-sofi2024).
En ese contexto, y en paralelo a conocerse el SOFI 2024, el presidente brasilero Lula da Silva anticipó su propuesta de “Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza” que será lanzada internacionalmente en noviembre próximo en el marco de una conferencia ministerial del G20 (Grupo de los 20). Será financiada en parte por Brasil y con fondos internacionales existentes. No se descarta que otra parte de este nuevo mecanismo internacional pueda ser financiado con impuestos a las grandes fortunas.
En ese contexto, y en paralelo a conocerse el SOFI 2024, el presidente brasilero Lula da Silva anticipó su propuesta de “Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza” que será lanzada internacionalmente en noviembre próximo en el marco de una conferencia ministerial del G20 (Grupo de los 20). Será financiada en parte por Brasil y con fondos internacionales existentes. No se descarta que otra parte de este nuevo mecanismo internacional pueda ser financiado con impuestos a las grandes fortunas (https://www.g20.org/pt-br/noticias/combate-a-desigualdade-no-centro-da-agenda-internacional-presidente-lula-convoca-o-mundo-a-participar-da-alianca-global-contra-a-fome-e-a-pobreza).
Existen alternativas, falta voluntad política
SOFI 24 no se detiene en el diagnóstico. De hecho, avanza propuestas para la comunidad internacional en general y los gobiernos en particular.
Es imprescindible y urgente, sostiene, transformar los sistemas agroalimentarios para aumentar la resiliencia y hacer frente a las desigualdades. Y propone más y mejor financiamiento para garantizar que las dietas saludables sean asequibles a todos. El apoyo a grupos clave en el combate contra el hambre, como los pequeños productores, constituye una prioridad.
Según las agencias de Naciones Unidas involucradas en el Informe, un tema de central importancia es el del financiamiento. “La actual arquitectura de la financiación para la seguridad alimentaria y la nutrición”, afirman, “se encuentra muy fragmentada y debe pasar de un enfoque compartimentado a una perspectiva más integral”. E insisten en mejorar la coordinación para definir qué es esencial en función de las prioridades nacionales y locales en materia de políticas a implementar. De allí que la transparencia y la armonización en la recopilación de datos sean decisivas.
Según el Informe, los países donantes, los cuales a través de su cooperación internacional sostienen la lucha contra el hambre, “deben aumentar su tolerancia al riesgo y participar en mayor medida en las actividades de reducción de los riesgos”. Por su parte, los Estados “deben subsanar los déficits no cubiertos por los agentes comerciales privados invirtiendo en bienes públicos, reduciendo la corrupción y la evasión fiscal, aumentando el gasto en seguridad alimentaria y nutrición, y considerando la posibilidad de reorientar el apoyo en materia de políticas”.
Un mayor financiamiento para programas de alimentación implicaría, además de más dineros, una administración más eficiente de los mismos. Así como una participación más protagónica de los actores nacionales y locales en la toma de decisiones para garantizar que los recursos beneficien a los pequeños productores. El Informe reconoce el alto costo involucrado –miles de millones de dólares más– en la promoción de políticas transformadoras, pero advierte que el costo de la inacción y la parálisis en la lucha contra el hambre será mucho mayor. La clave para un avance concreto consiste en reorientar y reestructurar la financiación existente para la alimentación y la agricultura.
Logros y desafíos
En sus comentarios sobre el Informe, Olivier De Schutter, el experto belga independiente que se desempeña como Relator Especial de las Naciones Unidas y sobre la extrema pobreza y los derechos humanos y copresidente del Grupo Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles (IPES-Food), subrayó que “el sistema alimentario industrial mundial es desastrosamente vulnerable a las crecientes crisis climáticas, económicas y de conflictos, y el cambio climático golpea cada vez más a los agricultores”. Por lo cual propuso “construir sistemas alimentarios resistentes al clima”, pero sin olvidar que es esencial “establecer niveles mínimos de protección social y garantizar que los trabajadores cobren salarios dignos».
En declaraciones reproducidas por la Asociación Periodistas por el Planeta, De Schutter sostiene que se necesita “desesperadamente una nueva receta para hacer frente al hambre: basada en una producción agroecológica diversificada de alimentos y en mercados de alimentos localizados en lugar de cadenas alimentarias industriales globales, y en sistemas de protección social que garanticen el derecho a la alimentación de los más pobres del mundo».
Por su parte, la brasileña Elisabetta Recine, experta en nutrición, presidenta del Consejo Nacional Brasileño de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONSEA) y miembro del Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles, afirmó que “El aumento del hambre no es inevitable. Con las acciones adecuadas, una profunda participación y una implementación coordinada, podemos cambiar el rumbo del hambre”. Y constata con satisfacción que en América Latina se ha podido reducirlo por segundo año consecutivo, lo que demuestra que, “con las políticas adecuadas, los gobiernos pueden mejorar el acceso a los alimentos y construir sistemas alimentarios resilientes al clima”. Recine, quien también es profesora de la Universidad de Brasilia, comentó adicionalmente que en “en Brasil, 13 millones de personas salieron del hambre el año pasado a través de programas dirigidos sistemáticamente a los hogares pobres, proporcionando alimentos escolares saludables procedentes de pequeños agricultores, apoyando la agricultura familiar y aplicando políticas alimentarias para las comunidades urbanas más pobres”.
Concepto con el que concuerda el dirigente rural brasilero Alberto Broch, presidente de la Confederación de Organizaciones de Productores Familiares del Mercosur Ampliado (COPROFAM). Según Broch, para quien “el hambre es un problema que podemos resolver”, millones de pequeños productores de todo el mundo “están preparados y dispuestos a construir un sistema alimentario más resistente, sostenible y equitativo que pueda alimentar al mundo en un clima cambiante”. Y coincide con la FAO en el sentido de que es clave “situar a estos productores y sus prioridades en el centro de las decisiones para liberar este potencial”. Broch llama a donantes y gobiernos a “colaborar con los agricultores familiares y otras organizaciones de base para garantizar que las políticas y la financiación respondan a sus necesidades”.
El hambre, la pobreza y la injusta redistribución del ingreso a nivel planetario constituyen aspectos de una misma realidad, atravesada por una desigualdad evidente: el 71,5% de la población mundial que en 2023 no pudo permitirse una dieta saludable se ubica en países de bajos ingresos. Tan solo un 6,3% de esa población abrumada por el hambre reside en naciones de altos ingresos. Las proyecciones, por otra parte, son funestas: a fines del actual decenio, casi 600 millones de personas padecerán subalimentación crónica, más de la mitad de ellas en el continente africano. Tema recurrente pero no por ello agotado: el hambre en el mundo es el triste espejo donde se mira un sistema hegemónico ilógico, injusto y perdido en su propio laberinto autodestructivo.
