Morena urge aumentar y profesionalizar defensores públicos de oficio
**Es excesivo el número de procesos activos a cargo de cada defensor
**Solo hay 407 defensores públicos para todo el Edomex
Toluca, Méx., a 22 de septiembre. La diputada María Elizabeth Millán García aseguró que el número de defensores públicos de oficio que tiene el Estado de México, son insuficientes para ofrecer una adecuada defensa legal a los mexiquenses, por lo que debe aumentarse el número de estos profesionales en los distritos judiciales y juzgados, y garantizar su permanente capacitación y evaluación.
En su intervención en el pleno, la morenista recordó que diariamente, cientos de mexiquenses tienen necesidad de ser representados de manera legal ante algún proceso judicial, pues carecen de recursos para pagar un patrocinio particular.
Sin embargo, hay diversas circunstancias que impiden el buen ejercicio de la defensoría pública, por lo que debe realizarse una reforma integral del instituto, enfocados en la profesionalización y evaluación periódica de las y los Defensores Públicos, así como una constante capacitación que permita un adecuado desempeño de sus funciones.
“Las y los usuarios requieren de forma precisa información constante y actualizada de la situación en la que se encuentra su proceso, así como de asistencia social de expertos en materia de derechos humanos que de igual manera auxilien técnicamente a los defensores públicos”, apuntó la legisladora.
Millán aseguró que es excesivo el número de procesos activos a cargo de cada defensor público, que impiden una adecuada atención a cada proceso, pues solo hay 407 defensores públicos en toda la entidad, aunado a la falta de peritos y médicos legistas.
La legisladora presentó una iniciativa para reformar la Ley de la Defensoría Pública del Estado de México, y que busca establecer un número determinado de defensores públicos asignados a cada distrito judicial y juzgado de manera específica y por materia, elevando la cantidad de Defensores Públicos de manera progresiva en el Estado, así como vigilar y controlar el número de procesos activos asignados a cada defensor, evitando una excesiva carga de trabajo que impida el adecuado ejercicio de sus labores.
Otra de las propuestas planteadas es la creación de la Unidad de Vigilancia y Seguimiento a Procesos integrada por 10 defensores públicos especializados en materia penal civil, mercantil, familiar, laboral y amparo; dos traductores bilingües; dos intérpretes o traductores de lenguas indígenas, 10 trabajadoras y trabajadores sociales, y dos representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
