No nos pueden quitar los derechos que ya tenemos
Por: Isabela Ponce / Rebelión / GK / Ecuador
Ataque contra los derechos sexuales y reproductivos de la mujer
El viernes el presidente Lenín Moreno objetó completamente la ley que promovía, entre muchas cosas, la educación en salud sexual y reproductiva. ¿Qué impacto tiene su decisión?
Porque es contradictorio e inconsistente. Porque está desactualizado en el contexto de la pandemia. Porque no garantiza el derecho a la salud de los ecuatorianos. Con estos argumentos, el viernes 25 de septiembre, el presidente Lenín Moreno vetó totalmente el Código Orgánico de Salud (COS). Exactamente un mes antes, la Asamblea Nacional aprobó esta ley, de 405 artículos, que tardó ocho años en elaborarse y debatirse. El COS abordaba una variedad de temas que iban desde el cuidado de la enfermedad en fase final de vida, pasando por las funciones de las entidades de salud y el cannabis medicinal, hasta temas de derechos sexuales y reproductivos.
El veto frenó, entre otras cosas, el fortalecimiento (porque ya hay otras leyes vigentes que los amparan) de: la promoción de la educación sexual, la prohibición a que se oferten servicios para cambiar la orientación sexual o la identidad de género, y la obligación de los médicos de atender las emergencias obstétricas para así evitar que más mujeres mueran con abortos en curso.
Estos últimos, precisamente, fueron los que causaron rechazo entre grupos ultraconservadores que, desde el minuto en que se aprobó, pidieron su veto por interpretaciones equivocadas de sus artículos. No lo hacían por los reparos de médicos que dijeron que el COS tenía muchos vacíos, que trataba demasiados temas y debía ser más general para luego promover otras legislaciones más específicas.
Sobre esta interpretaciones equivocadas, en GK hicimos un álbum para explicar lo que los ultraconservadores decían que decía el COS y lo que realmente decía el COS. Ahora que lograron lo que querían, queda preguntar si realmente entienden qué implica esta decisión ejecutiva. Y aunque son varias las consecuencias para la ratificación de los derechos sexuales y reproductivos, me voy a centrar específicamente en una: la educación sexual.
Ecuador es un país en el que la educación sexual no está en la malla curricular del Ministerio: es probable que los 2,5 millones de estudiantes de escuelas y colegios públicos nunca hayan tenido una clase formal sobre el funcionamiento de los genitales, la menstruación o los métodos anticonceptivos. Ecuador está, también, en el tercer lugar de la vergonzosa lista de países con las tasas más altas de embarazo adolescente en América Latina. Por eso una de las principales derrotas del veto es que hayan quedado en la nada los artículos que promueven la educación en salud sexual y reproductiva.
El artículo 22 del COS vetado —uno en los que los grupos ultraconservadores veían cucos— dice que los adolescentes tienen derecho a acceder a “asesoría, información y atenciones relativas a salud sexual y salud reproductiva y a que se garantice la confidencialidad de las mismas”. Sobre este, los opositores decían que permitía la entrega de anticonceptivos sin el consentimiento de los padres de familia.
Otro de los “polémicos”, el 115, proponía la elaboración de políticas públicas y programas educativos “para la difusión y asesoría en materia de salud sexual y reproductiva” para (esta es la parte más importante) prevenir el embarazo infantil y adolescente.
Una política para promover este tema tiene efectos palpables porque la —satanizada— educación sexual es una herramienta para que las niñas y adolescentes pueden conocer su cuerpo y su funcionamiento, pero sobre todo es un escudo para la violencia sexual. Sirve para que ellas puedan detectar, a tiempo, los abusos a los que son sometidas desde niñas en sus casas, escuelas, barrios, iglesias. Y más allá de la educación formal para niñas, niños y adolescentes, la idea de crear política pública que proponía el COS hubiese también involucrado a los adultos —madres, padres, tías, vecinas— para que entiendan sobre la sexualidad y aprendan a detectar a tiempo si sus hijas, sobrinas, vecinas están siendo víctimas de violación o abuso sexual.
Si todavía suena abstracto: cuando una niña es abusada, su comportamiento cambia y los efectos pueden variar, como que se masturbe o toque de una forma repetitiva o como que llore de forma descontrolada y no quiera acercarse a otras personas. Si los adultos no nos capacitamos en estos temas y no leemos las señales de las víctimas que nos rodean, las cifras de violencias en contra de menores de edad seguirán aumentando.
Ahora: a pesar de las cifras que muestran que como país no protegemos a las niñas, adolescentes y mujeres, es necesario recalcar que varios de los artículos en el COS vetado ya existían en otras leyes, códigos, reglamentos y sentencias de la Corte Constitucional.
El 22 y el 115 que recién mencioné, ya tenían su marco hace 12 años en el artículo 45 de la Constitución que dice que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica, a la salud integral, a la educación, al respeto de su libertad y dignidad, y en el 66 que dice que tienen el derecho a tomar decisiones “libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual”. También está la sentencia de la Corte Constitucional del 27 de junio de 2018 que concluye que “la intervención de los padres, madres o la persona a cuyo cuidado se encuentran, sobre los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes, debe encaminarse a dotarles de la guía y las herramientas necesarias y suficientes que les permitan adoptar decisiones libres, informadas y responsables”. Son derechos que los niños, niñas y adolescentes ya tienen y nadie se los puede quitar.
Sí, todas estas leyes, códigos y reglamentos ya garantizaban algunos de los derechos sexuales y reproductivos (yo solo mencioné un par sobre la educación sexual) que el COS mencionaba pero como dice el comunicado de Fundación Desafío, publicado el día que se vetó, la ley vigente no nos protege y “precisamente porque no nos ha protegido es que este Código vetado totalmente introdujo los artículos que intentaron visibilizar y garantizar la protección que está en la Constitución y estándares internacionales”.
¿Cuántas leyes, códigos, reglamentos más necesitamos para que como Estado y sociedad las apliquemos, respetemos y nos hagamos cargo de proteger a las niñas, niños, adolescentes y mujeres?
Después de una espera de ocho años, el presidente Moreno le sumó uno más: según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Asamblea Nacional no podrá considerar el COS hasta agosto de 2021. Cuando Moreno lo vetó —que por cierto no salió a dar la cara para hacerlo sino que mandó a tres funcionarios de su gobierno a la rueda de prensa— no pensó en las niñas, adolescentes y mujeres de este país. El COS no nos ha quitado nuestros derechos sexuales y reproductivos, pero sí los ratificaba, aclaraba y fortalecía. En ese sentido, es más que una oportunidad perdida para salir del letargo que tiene al Ecuador puntero en embarazo adolescente y como un alto exponente de la criminalización de las mujeres, niñas y adolescentes.
