Plantea Rigoberto Vargas prohibir injerencia institucional en sindicatos

• El diputado Rigoberto Vargas (morena) propuso prohibir la injerencia institucional en la vida interna de los sindicatos y considerar falta administrativa grave la intromisión.
• La propuesta busca una democracia sindical real, proteger los derechos colectivos de las personas servidoras públicas y evitar la utilización política de los sindicatos.

Para fomentar la paz laboral, la gobernabilidad democrática y el respeto al Estado de Derecho, el diputado Rigoberto Vargas Cervantes (morena) propuso prohibir la intervención institucional en la vida interna de los sindicatos y tipificar como falta administrativa grave cualquier intromisión.

El legislador planteó que su iniciativa de reforma a las Leyes del Trabajo de los Servidores Públicos y de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios permitirá fortalecer una democracia sindical real, garantizar el ejercicio efectivo de los derechos colectivos de las personas servidoras públicas, prevenir la utilización política o administrativa de los sindicatos y cumplir los compromisos constitucionales e internacionales del Estado.

De acuerdo con el documento, los sindicatos deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia por parte de las personas servidoras públicas en su constitución, funcionamiento, administración y libre desarrollo de las elecciones sindicales, las condiciones de elegibilidad, la reelección y la destitución de las directivas de los sindicatos.

Señala como actos de injerencia, entre otros: coaccionar, inducir o amenazar a personas trabajadoras o agremiadas para participar o abstenerse de participar en eventos de campaña sindical; ejercer presión o intimidación jerárquica sobre subordinados para que expresen públicamente su apoyo o rechazo a determinada candidatura sindical; y obligar o condicionar la asistencia a actos, mítines o reuniones sindicales con fines de proselitismo.

Asimismo: condicionar la prestación de servicios institucionales, apoyos, licencias o permisos laborales a la emisión del voto o apoyo hacia una planilla sindical; ofrecer beneficios laborales, ascensos, estímulos o promociones a cambio de apoyo o voto sindical; y negar, suspender o limitar derechos o programas internos, capacitaciones, bonos o reconocimientos como represalia por no apoyar determinada opción sindical.

También: utilizar programas institucionales o apoyos sociales para inducir o coaccionar el voto sindical; destinar, utilizar o permitir el uso de fondos, bienes, servicios o personal institucional para favorecer o perjudicar a determinada planilla, corriente o dirigencia sindical; difundir propaganda, mensajes o material institucional que promueva o desacredite a una candidatura o grupo sindical; y permitir el uso de instalaciones, vehículos, redes o infraestructura pública para actos de campaña o propaganda sindical.

En sesión deliberante, el congresista señaló que su propuesta armoniza la legislación estatal con la reforma a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en diciembre de 2025, la que establece de manera expresa la prohibición absoluta de injerencia de autoridades y personas servidoras públicas en la vida interna de los sindicatos, así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento.