Por qué no se combate a fondo la corrupción en el Estado de México

Rocío Fuentes García

Hace algunas semanas, el sociólogo de las religiones, Bernardo Barranco, publicó en Milenio Diariouna columna titulada Golden Boys en el inframundo,a propósito del aniversario número siete del libro de Francisco Cruz Jiménez Los Golden Boys,un texto que retrata a la camada de políticos mexiquenses encabezada por Enrique Peña Nieto, como un grupo de jóvenes sin convicciones, sólo intereses, que más que interesarles la defensa de un proyecto de nación, es más bien el enriquecimiento y la acumulación desmedida de fortunas.

Peña Nieto ha sabido colocar en posiciones clave a amigos y familiares cercanos para que no investiguen los escándalos de corrupción en los que están involucrados él y sus principales colaboradores desde los tiempos en que le tocó estar al frente del gobierno del Estado de México. Y con esas cartas, es como Alfredo del Mazo pretende sobrevivir políticamente. 

Parece ser que el arribo de Morena como bloque mayoritario al Congreso del Estado de México, no ha servido para combatir y enfrentar la corrupción que se ha enquistado por décadas en esta entidad. La mayoría de legisladores de Morena –incluido hasta el último de los golden boy en funciones, el diputado priista Miguel Sámano– sólo ha atinado en lograr la salida del otrora titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, Valente Baz Ferreira, de quien se dijo durante muchos años que su arribo al OSFEM se debió a la cercana amistad con el entonces gobernador Enrique Peña Nieto. La abrogación de la Ley del ISSEMyM puede contarse como un cierto logro de la legislatura local dominada por Morena, pero hasta ahí. A un año de la llegada de Morena al Congreso, no ha concretado una reestructuración a fondo del OSFEM, en donde pueda ejercer su papel de verdadero ente fiscalizador, lo cual se evidenció hace unas semanas cuando el secretario de Finanzas compareció ante los legisladores para expresar que la deuda estatal es pagable según el criterio de dos empresas calificadores de deuda, sin que los legisladores pudieran contar con un informe de la deuda estatal elaborador por el OSFEM o por el Instituto de Estudios Legislativos que sirviera de contraste frente a lo expuesto por Rodrigo Jarque.

A más de un año de labores, los legisladores de Morena rinden informes ante sus electores, pero siguen sin presentar resultados concretos en su trabajo como fiscalizador real, dado que controlan y vigilan el trabajo del OSFEM. Nada se ha avanzado en el  fincamiento de responsabilidades de carácter resarcitorio a diversos servidores públicos por la no retención y entero de cuotas al ISSEMyM por parte de la UAEM y del CUSAEM, por  el desvío de recursos del Programa de Atención a la Comunidad (PAC) que sirvió para financiar un documental en contra de López Obrador en 2018, la estafa maestra y las irregularidades detectadas en la Secretaría de Salud,  por citar algunos de los casos de corrupción más sonados, y que le costó a Valente Baz Ferreira sendas recriminaciones por los integrantes de la Comisión de Vigilancia del OSFEM, y que por cierto estaría involucrada  la exauditora Especial de Cumplimiento Financiero, María de las Mercedes Cid del Prado, entre otros servidores públicos del OSFEM, por su omisión. 

Hace unos días compareció el secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, Javier Vargas Zempoaltécatl, sin que los legisladores de Morena atinaran a hacerle cuestionamientos de fondo sobre el nulo combate a la corrupción en el gobierno estatal. Cabe hacer mención que el 24 de abril de 2017 aparecieron publicados en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, las reformas a los artículos 129 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos, que dieron origen al Sistema Estatal Anticorrupción, el cual obligaba entre otras instituciones públicas, a que la Secretaría de la Contraloría tendría que vigilar el cumplimiento de lo mandatado en la Constitución local. Si bien la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios se publicó el 30 de mayo de 2017 y la cual entró en vigor el 19 de julio de ese año, sigue siendo letra muerta. Es de llamar la atención que los legisladores de Morena no se hayan percatado que el gobierno de Alfredo del Mazo Maza y su secretario de la Contraloría están en el supuesto de un incumplimiento fragante a la Constitución Local y a la Ley, ya que el decreto del 30 de mayo establecía en su artículo transitorio vigésimo segundo que “dentro de los ciento veinte días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto se deberán realizar las adecuaciones normativas correspondientes que permitan la implementación del objeto del presente decreto”. La realización de estas adecuaciones normativas también están previstas en el artículo quinto transitorio del decreto del 24 de abril de 2017, las cuales consisten en que todas las dependencias y organismos auxiliares deberán contar cada una de ellas con un órgano interno de control, conformado por las unidades de investigación, substanciación y resolución. Los legisladores de Morena desconocen que el gobierno del Estado de México cuenta con 75 organismos auxiliares, de los cuales solamente 15 cuentan con las áreas administrativas que establecen los dos decretos aludidos, por lo que se vuelve sumamente complicado que el combate a la corrupción se pueda llevar a cabo por una cuestión absurda de austeridad republicana del gobierno de Del Mazo.

Al no existir en alrededor de 60 organismos auxiliares el Estado de México órganos internos de control debidamente constituidos, se deja en estado de indefensión a la población respecto al derecho que tienen de acceder a la justicia y a servicios públicos de calidad. Los legisladores de Morena se han convertido en cómplices de la corrupción proveniente de Acambay-Atlacomulco-Huixquilucan, al no exigir al gobernador Alfredo del Mazo Maza ni a su flamante exsubsecretario de responsabilidades y contrataciones públicas de la Secretaría de la Función Pública en tiempos de Peña Nieto, Javier Vargas, que expliquen el por qué no han acatado lo que la Constitución Federal y local dispone, ya que lo anterior es una de las explicaciones del por qué la corrupción sigue tan campeante y galopante en el Estado de México. Si Morena no llama a cuentas al gobernador ni a su secretario de la Contraloría para que reviertan este grave ataque a las instituciones democráticas, serán coparticipes y cómplices por omisión del conjunto de escándalos de corrupción del grupo Atlacomulco.