¿QUÉ SE NECESITA PARA CONSTRUIR UN MOVIMIENTO DE BASE AMPLIA PARA UNA TRANSICIÓN JUSTA?

**Organizadores ambientales y laborales reflexionan sobre lecciones aprendidas con tanto esfuerzo

Por David Bacon

En 2020, el estado de Washington aprobó la Ley de Compromiso Climático, y cuando entró en vigencia el 1 de enero de 2022, Rosalinda Guillén fue nombrada miembro de su Consejo de Justicia Ambiental. El nombramiento reconoció su papel como una de las principales defensoras de los trabajadores agrícolas y las comunidades rurales de Washington.

Guillén dirige Community2Community Development, un grupo liderado por mujeres que fomenta las cooperativas de trabajadores agrícolas y defiende los derechos laborales. Tiene una larga historia como organizadora de trabajadores agrícolas y en 2013 ayudó a formar un nuevo sindicato independiente para trabajadores agrícolas, Familias Unidas por la Justicia. Guillen accedió a servir en el consejo pero con reservas. Ella temía que la implementación de la ley estaría dominada por algunas de las industrias más poderosas del estado: los combustibles fósiles y la agricultura.

“Su enfoque basado en el mercado se centra demasiado en las compensaciones”, dice. “Permitir que las corporaciones contaminantes paguen para seguir contaminando es un paso atrás para lograr la equidad para la población rural que vive en la pobreza durante generaciones”. Sin embargo, igual de importante para ella es que, si bien la ley brinda financiamiento para proyectos en comunidades afectadas por la contaminación, no considera las necesidades de los trabajadores desplazados por los cambios que ocurrirán a medida que se reduzca la producción y el uso de combustibles fósiles. .

El impacto de esa reducción no afectará solo a los trabajadores de las refinerías de petróleo, sino también a los trabajadores agrícolas. “La industria agrícola es parte del problema, no solo la industria de los combustibles fósiles”, dice Guillén. “Están unidos. El sistema de monocultivo de Ag impacta el equilibrio ecológico a través del uso de pesticidas, la contaminación de los ríos y la tala de bosques. Como trabajadores agrícolas, esta ley tiene mucho que ver con nuestros salarios miserables, nuestros trabajos inseguros e incluso cuánto tiempo viviremos. El trabajador agrícola promedio solo vive hasta los 49 años, y el desplazamiento hará que la vida de las personas sea aún más corta”.

Ella cree que la clave para lograr el apoyo de la clase trabajadora para reducir las emisiones de carbono es el compromiso de los líderes políticos y los movimientos ambientales y laborales de que las comunidades de la clase trabajadora no tendrán que pagar por la transición a una economía libre de carbono con puestos de trabajo. pérdidas y aumento de la pobreza. Pero las dificultades para construir esa alianza y obtener dicho compromiso fueron evidentes en la derrota de una iniciativa anterior del Estado de Washington y el hecho de que la Ley de Compromiso Climático carecía de las protecciones que la iniciativa buscaba implementar.

En los campos del estado de Washington, en las refinerías de petróleo de California y en medio de campañas locales en todo el país, esta es la gran pregunta estratégica en la formación de coaliciones entre los movimientos laborales y ambientales: ¿Quién pagará el costo de la transición a una economía verde?

Algunos trabajadores y sindicatos ven el peligro del cambio climático como un problema remoto, comparado con la pérdida inmediata de empleos y salarios. Otros creen que el cambio climático es una crisis urgente y que la política del gobierno debe proteger los empleos y los salarios a medida que se lleva a cabo una transición hacia una economía libre de combustibles fósiles. Muchos grupos de justicia ambiental también creen que las comunidades de clase trabajadora, especialmente las comunidades de color, no deberían tener que asumir el costo de una crisis que no crearon. Y de fondo, siempre, los esfuerzos de la industria por minimizar el peligro del cambio climático y evitar pagar el coste de frenarlo.

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