Apoyan congresistas castigo a quienes nieguen justicia a mujeres

Al respaldar la iniciativa para castigar a las personas servidoras públicas por negar justicia a las mujeres víctimas de violencia de género, las diputadas Vanessa Linares (PVEM) y Ana Yurixi Leyva (PT) señalaron que suma al combate contra este flagelo.

Aunque igualmente apoyó la propuesta de la diputada Jennifer González (morena), la legisladora Emma Alvarez (PAN) solicitó precisarla para no generar impunidad.

El proyecto legislativo propone hasta 10 años de prisión a las o los servidores públicos que nieguen justicia y que la fiscalía de justicia investigue con perspectiva de género toda muerte violenta de mujeres.

Las diputadas Gloria Vanessa Linares Zetina (PVEM) y Ana Yurixi Leyva Piñón (PT) señalaron que la iniciativa de la legisladora Jennifer Nathalie González López (morena) para imponer hasta 10 años de prisión a personas servidoras públicas que nieguen justicia a mujeres víctimas de violencia de género, suma al combate contra este flagelo. En tanto que la diputada Emma Laura Alvarez Villavicencio (PAN) solicitó precisarla para no generar impunidad.

En reunión de trabajo de las comisiones unidas de Procuración y Administración de Justicia, y Para la Igualdad de Género, de la LXII Legislatura mexiquense coincidieron en que la iniciativa asume la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 2015 para que toda muerte violenta de una mujer o niña se investigue con perspectiva de género y como feminicidio.

Por esta razón, la proponente señaló que igualmente se busca que la Fiscalía General de Justicia estatal investigue con perspectiva de género y debida diligencia todas las muertes violentas de mujeres y niñas, bajo el protocolo de feminicidio, incluidos los suicidios, accidentes y cualquier otra forma de muerte violenta.

Recalcó que su iniciativa para reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal estatales, solicita imponer de 100 a 150 días multa, y la destitución e inhabilitación que correspondan, a las personas servidoras públicas de los ámbitos de justicia y seguridad que incurran en la negación de justicia.

Precisó que estas penas se dictarán cuando la o el servidor, teniendo la obligación de investigar y sancionar un delito cometido contra una mujer por razones de género, incurra en actos de corrupción, omisiones, falencias, negligencias, o bien obstruya la investigación y la justicia, en perjuicio del derecho de la víctima a la verdad, la justicia y la reparación.

Al respaldar el proyecto legislativo, Vanessa Linares afirmó que este representa una acción contundente en el combate contra la violencia de género.

Por otro lado, Yurixi Leyva resaltó que, con esta modificación, el Congreso acompaña a Irinea Buendía, madre de Mariana Lima Buendía (víctima de feminicidio en 2010, crimen que inicialmente se consideró suicidio por la autoridad), quien logró que la SCJN resolviera que todo crimen violento de una mujer se investigue como feminicidio.

Añadió que igualmente la iniciativa responde otra sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de diciembre de 2025, que declara responsable al Estado mexicano de no investigar y prevenir la desaparición, violación sexual y feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade en 2001.

Finalmente, al presidir la reunión, Emma Alvarez, expuso que el Estado de México es de las entidades con más feminicidios y violencia de género. Acusó que el Estado falla cuando no investiga, minimiza o llega tarde al delito, y se pronunció por una reforma precisa que no se preste a la confusión, porque eso también genera impunidad.