Congresistas buscan igualdad mediante corresponsabilidad familiar

• Integrantes de comisiones unidas del Congreso mexiquense se pronunciaron a favor de la incorporación del principio de corresponsabilidad familiar en la legislación estatal, como lo plantea la diputada María del Carmen de la Rosa (morena).
• Diputadas de morena y del PVEM también destacaron la aprobación, en otra reunión de comisiones, de la tipificación de la violencia vicaria con hasta ocho años de prisión.
• La autora de la iniciativa indicó que la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo reporta que las mujeres dedican el 66.8% de su tiempo laboral a actividades no remuneradas, mientras que los hombres solo invierten el 33.2%.

Integrantes de las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y para la Igualdad de Género del Congreso mexiquense se pronunciaron por revertir desigualdades entre mujeres y hombres mediante la incorporación del principio de corresponsabilidad familiar en la legislación estatal, como lo plantea una iniciativa de la diputada María del Carmen de la Rosa Mendoza (morena).

Al iniciar el estudio de la propuesta para que se establezca en el Código Civil y en la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres, ambos de la entidad, la distribución equitativa de tareas como el cuidado y la educación de las personas dependientes dentro del hogar, la proponente y las congresistas Zaira Cedillo Silva (morena) y Miriam Silva Mata (PVEM) señalaron que contribuye a cerrar la brecha estructural entre los derechos de ambos géneros.

En la reunión, presidida por el diputado Vladimir Hernández Villegas (morena), también indicaron que, en el marco de la conmemoración del ‘Día Internacional de la Mujer’ (el próximo 8 de marzo), la LXII Legislatura estatal trabaja en una agenda de protección a las mexiquenses, como la aprobación, en otra reunión de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, de la tipificación de la violencia vicaria con hasta ocho años de prisión.

La autora de la iniciativa destacó que se busca romper estereotipos sobre los roles de género mediante una legislación acorde con la realidad social, pues las mujeres realizan, en mayor medida, trabajos por los que no reciben remuneración, tales como el cuidado de menores, personas enfermas, adultas mayores, con discapacidad y labores domésticas.

Indicó que la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reporta que las mujeres dedican el 66.8 por ciento de su tiempo laboral a actividades no remuneradas, mientras que los hombres solo invierten el 33.2 por ciento. En promedio, añadió, las mujeres trabajan 61.1 horas a la semana, 3.1 más que los hombres (58.0 horas), pero gran parte corresponde a tareas domésticas y de cuidado. En el Estado de México, precisó, las mujeres siguen destinando 37.4 horas semanales al trabajo no remunerado.

Entre las principales problemáticas de la falta de corresponsabilidad familiar por roles de género arraigados, mencionó la sobrecarga de labores, limitaciones al crecimiento profesional, reducción del tiempo de descanso, desconexión familiar, así como la perpetuación de la brecha de género y la dependencia económica de las mujeres en relación con los hombres.

Al respecto, la legisladora Zaira Cedillo resaltó que la propuesta contribuye a cerrar las brechas de desigualdad y combatir la violencia en contra de las mujeres. La parlamentaria Miriam Silva indicó que, a la desigualdad salarial, se suma el doble trabajo que desempeñan las mujeres en el hogar, por lo que destacó que se estén analizando propuestas de compensación por labores de cuidado y domésticas, así como la penalización de la violencia vicaria. 

Cabe señalar que la iniciativa define la corresponsabilidad familiar como el reparto equilibrado de las tareas domésticas y de las responsabilidades familiares, tales como la organización, el cuidado, la educación y el afecto de personas dependientes dentro del hogar, con el fin de distribuir de manera justa los tiempos de vida de mujeres y hombres.

Además, dispone que la legislación estatal proteja a la familia con base en este principio, que el matrimonio es la institución pública y social en donde las partes se procuran esta corresponsabilidad familiar y están obligadas a guardarse fidelidad procurándola. Asimismo, que en el divorcio tendrá derecho a alimentos quien lo requiera, según la duración del matrimonio y dedicación pasada y futura a la atención y cuidado de la familia.