Diputados de Morena exhortan al Titular de la FGJEM para que informe a la Legislatura sobre la cancelación de la disculpa pública a familias y víctimas de desaparición y feminicidio

**Legislatura no puede ser indiferente ni cómplice de violencia institucional de FGJEM contra quienes buscan verdad y justicia

**Legislatura no puede ser indiferente ni cómplice de violencia institucional de FGJEM contra quienes buscan verdad y justicia

**Informe de Amnistía Internacional documentó que las familias de las víctimas de feminicidio son revictimizadas por las autoridades

**Investigaciones penales son insuficientes y deficientes, esto obstaculiza el proceso judicial y facilita que los casos queden impunes

Toluca, Méx., 24 de noviembre de 2022. La diputada Karina Labastida Sotelo, presidenta de la Comisión para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género Contras las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, enfatizó que la Legislatura no puede ser indiferente, ni cómplice de la violencia institucional que ejerció la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en contra de las familias de víctimas de desaparición y feminicidio, al cancelar la disculpa pública, programada para el pasado 16 de noviembre, en perjuicio de quienes sólo buscan verdad y justicia.

La integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó el punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al Titular de la FGJEM, José Luis Cervantes Martínez, para que informe a la Legislatura sobre los hechos relacionados con la cancelación de la Disculpa Pública para las familias de Daniela Sánchez Curiel, Nadia Muciño Márquez, Diana Velázquez Florencio y Julia Sosa Conde, víctimas de desaparición y feminicidio, así como la nueva fecha de la ceremonia solemne que se realizaría en las instalaciones de la Fiscalía.

En el pleno, la diputada de Morena explicó que la FGJEM se comprometió a ofrecer disculpas públicas, derivado del “Informe Juicio a la Justicia. Deficiencias en las investigaciones penales de feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México”, realizado por Amnistía Internacional y después de dos cancelaciones previas, se fijó la pasada fecha, y sin fundamentar ni motivar su proceder la institución no la realizó. Las autoridades les cerraron las cortinas del edificio principal, impidiendo su acceso, enfrentándose a las familias de las víctimas con la reiterada violencia institucional.

Destacó que, en reunión -5 de abril de 2022- el titular de la FGJEM se comprometió con Edith Olivares Ferreto, directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, a realizar una disculpa pública con los familiares de víctimas, prometida por su antecesor, por graves deficiencias ante la inacción y negligencia de las autoridades mexicanas para investigar feminicidios en dicha entidad.

El informe de Amnistía Internacional también documentó que las familias de las víctimas de feminicidio son revictimizadas por las autoridades a lo largo del proceso de búsqueda de justicia, lo que en sí mismo constituye violencia institucional, dijo Karina Labastida.

Refirió que el exhorto es para que también se informe sobre la cantidad, calidad y estatus procesal de las investigaciones sobre feminicidios y desapariciones, y sobre la administración de los recursos humanos, materiales y presupuestales para atender las investigaciones de los feminicidios, desapariciones y otros delitos de violencia de género.

En su exposición de motivos, recordó que Amnistía Internacional, analizó las deficiencias en las investigaciones penales que llevan a cabo las autoridades mexiquenses, donde documentó los casos de: Diana Velázquez Florencio, de 24 años, Julia Sosa Conde, de 43 años; Daniela Sánchez Curiel, 20 años y Nadia Muciño Márquez, asesinada en 2004, casos en que pudo constatar que, coinciden con las ocurridas en otras investigaciones, como la pérdida de evidencias, investigaciones insuficientes y falta de perspectiva de género en las investigaciones.

La diputada de la 4T, subrayó que se identificó que buscar justicia requiere tiempo y es costoso económica y emocionalmente, frecuentemente las familias se convierten en el principal motor de la investigación, buscar justicia es peligroso y las familias reciben un mal trato por parte de algunas personas servidoras públicas.

Concluyendo que las investigaciones penales son deficientes y esto obstaculiza el proceso judicial y facilita que los casos queden impunes, afectando el acceso de las familias a la verdad, la justicia y la reparación. Identificándose a partir del análisis de las indagatorias, que la FGJEM fue omisa -y sigue siéndolo- en sus deberes de investigar y, por lo tanto, de garantizar los derechos a la vida, integridad personal de las víctimas, no discriminar, prevenir la violencia contra las mujeres, y garantizar el derecho a la integridad personal por los sufrimientos y por los actos de hostigamiento que padecen las familias.

La legisladora de la bancada de la Esperanza puntualizó, persiste en la violación de los derechos de acceso a la justicia y protección judicial de las familias de las víctimas de feminicidio y desaparición citadas, que son reflejo, de otras miles que existen en la entidad mexiquense.