El SAEMM capturado por el viejo PRI

Rocío Fuentes García

**El Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios se ha convertido en un órgano desconcentrado de facto de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, justamente cuando se señaló que Alfredo del Mazo Maza tenía depósitos en un banco de Andorra la suma de un millón y medio de euros.

** El asunto de fondo, es que la mayoría de MORENA en el Congreso Mexiquense ha hecho poco por encauzar las banderas de la lucha anticorrupción de la 4T.

El Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios no se ha pronunciado sobre los principales escándalos de corrupción del pasado reciente, que siguen siendo motivo de rechazo que tiene la sociedad hacia los grupos del poder político, como el Grupo Atlacomulco. Y vaya que son muchos los agravios cometidos contra la hacienda pública estatal y municipal durante décadas. Los servidores públicos que participan en el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción representados por los titulares del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, el presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación, no han hecho pronunciamientos públicos sobre los grandes problemas de corrupción que aquejan al Estado de México. Y por supuesto, lo tendrían que hacer.

 La entrada en vigor del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios se dio a partir de las reformas al artículo 130 de la Constitución Política del Estado de México de 2017, pero pocos han sido sus resultados, por decir que son nulos. La profundidad de la crisis sanitaria que afecta al Estado de México por la pandemia del COVID 19, se debe a los grandes desvíos de dineros públicos que ocurrieron en el sector salud durante el gobierno de Eruviel Ávila Villegas, siendo el Instituto de Salud del Estado de México una caja chica para desviar recursos provenientes de fondos estatales y federales. En este aspecto, la Secretaría de la Contraloría, encabezada por Javier Vargas Zempoaltecalt, quien fuera subsecretario de responsabilidades administrativas y contrataciones públicas de la Secretaría de la Función Pública cuando Enrique Peña  Nieto era presidente de la República, ha guardado sepulcral silencio en el asunto. En las diversas reuniones que los integrantes del Comité de Participación Ciudadana que han tenido desde 2018, no ha surgido ninguna recomendación para que se investiguen los desvíos de recursos en el sector salud del Estado de México. La quiebra del ISSEMYN que fue gestándose durante el gobierno de Arturo Montiel y que hizo explosión en la administración de Eruviel Ávila, ha dejado a miles de trabajadores sin la posibilidad de cobrar sus pensiones. Y otra vez, el mutismo de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México se hace presente, ya que en esos ires y venires, premiaron y protegieron al ex Titular de la contraloría del ISSEMYN, Miguel Ángel Pérez Lugo como Delegado de la Contraloría del Poder Legislativo en el Valle de México y de quien se dice su ascenso a altos cargos  públicos municipales y estatales, se lo debe a Eruviel Ávila Villegas.

El Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios se ha convertido en un órgano desconcentrado de facto de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, justamente cuando se señaló que Alfredo del Mazo Maza tenía depósitos en un banco de Andorra la suma de un millón y medio de euros, dinero que no declaró en su manifestación de bienes por alta, justamente cuando se incorporó como Gobernador del Estado de México. Por este tipo de ilícitos es lo que tiene en la cárcel a Rosario Robles, en razón de que falseó información sobre el estatus de su situación patrimonial. De nuevo, el Secretario de la Contraloría Javier Vargas ha guardado total silencio y hermetismo en el tema, sin rendir cuentas a la ciudadanía.

 Quienes han estado al frente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México tampoco se han atrevido a emitir pronunciamiento sobre el tema. La maestra Palmira Tapia, quien fuera consejera electoral durante las elecciones para gobernador de 2017 y quien por cierto, ante las graves irregularidades cometidas en el proceso, aprobó la entrega de la constancia de mayoría al candidato del PRI, jamás se atrevió a denunciar la falta de cumplimiento a lo establecido en la reforma del artículo 130 de la Constitución Política del Estado de México, respecto a que en más de 60 organismos auxiliares del gobierno estatal, se carece de las estructuras administrativas básicas para que los órganos internos de control puedan atacar la corrupción con eficacia y eficiencia. En sus informes de labores 2018-2019 se puede apreciar esta grave omisión.

Palmira Tapia dejó su cargo en 2019 y, posteriormente su cargo fue ocupado por Alberto Benabib Montero, un empresario activista de Huixquilucan, muy cercano a Alfredo del Mazo Maza. Si alguien pensaba que el Sistema Estatal Anticorrupción no está capturado por el priismo mexiquense, se equivoca. La conducción de los trabajos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción recaen en la Secretaría Técnica, en la persona de la maestra Claudia Adriana Valdez López, quien en su ficha curricular expuesta en el sitio electrónico del SAEMM, destaca su trabajo en ayuntamientos priistas en Metepec y Zinacantepec, pero al revisar quienes ocupan los cargos de dirección general, encontramos el nombre de Sonia Díaz, quien fuera contralora municipal de Metepec, en la administración de David López, pero quien fue subordinada de Marco Antonio Vázquez en la Tesorería Municipal en tiempos de Ana Lilia Herrera Anzaldo. Hay que recordar que Marco Antonio Vázquez quien también fue servidor público en Zinacantepec junto con Adriana Valdez entre 2013-2015, y es esposo de María de las Mercedes Cid del Prado, quien fuera la Auditoria Especial de Cumplimiento Financiero del OSFEM, durante la gestión de Valente Baz Ferreira y quien renunció a su cargo a finales de agosto de 2018, antes de que se instalara el nuevo congreso mexiquense con mayoría de MORENA. Nada más hay que recordar que la salida de Valente Baz del OSFEM en 2019, se debió a que fue incapaz de investigar diversas irregularidades cometidas en diferentes instituciones de salud y de seguridad del Estado de México, como el ISSEMYN y el CUSAEM.

Parece ser que ni el Comité de Participación Ciudadana, ni la Secretaría Ejecutiva,  ni el Comité Rector del Sistema Anticorrupción están enterados de estos grandes escándalos de corrupción en el Estado de México. Las razones son obvias:  Las complicidades están al por mayor. 

El asunto de fondo, es que la mayoría de MORENA en el Congreso Mexiquense ha hecho poco por encauzar las banderas de la lucha anticorrupción de la 4T. De hecho en la Cámara local laboral exfuncionarios que no han sido llamados a rendir cuentas sobre la quiebra de las instituciones de seguridad social. Ahí también se dan peras en los magueyes. Para que la actual titular del OSFEM, la doctora en derecho Miroslava Carrillo fuera votada por el pleno de los diputados, se tuvo que reformar la Ley Superior de Fiscalización del Estado de México, para eliminar como requisito para ocupar ese cargo, no haber sido diputado federal o local. Recuérdese que la doctora Carrillo ganó  la diputación federal de Morena por Toluca, quien por cierto tuvo que solicitar una licencia a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para dejar su curul en diciembre de 2019. Se le asocia al Grupo de Acción Política (GAP) del Senador mexiquense, Higinio Martínez Miranda.

No hay mucho que esperar del combate a la corrupción en el Estado de México. En el Estado de México así se acostumbran arreglar las cosas, sin hacer nada, pues como  como dicen los priistas, a billetazos es más barato todo.