LA CRISIS POLÍTICA DE 1958
** Al interior de los sindicatos la sujeción directa de las bases obreras se da a través de sus propios dirigentes.
**La viabilidad de estas formas de control se fundamenta también en las particularidades del origen social, la composición interna y la posición, dentro de la estructura social, del sector organizado de la clase obrera.
Isaac Ocampo García
Los violentos acontecimientos de 1958 y 1959 sólo pueden explicarse por el fermento que lentamente, a través de 20 años, se fue acumulando en la clase trabajadora. El general Lázaro Cárdenas, uno de los forjadores más prominentes del actual Estado mexicano, puso desde los inicios de su gestión presidencial, y aun antes, gran empeño en lograr la unificación de los trabajadores. -Se cree que, con lo que finalmente lograron el control y sujeción del Movimiento Obrero-.
Estado contemporáneo en México es el resultante histórico de un accidentado proceso de formación y consolidación que partió del movimiento armado de 1910. Las características de la participación de las masas en esta gran conmoción social imprimieron su sello distintivo al Estado posrevolucionario, al grado de que una de sus más importantes fuentes de legitimidad consiste en aparecer como heredero natural de las justas reivindicaciones populares expresadas en la revolución. Hemos visto que, en el plano de la realidad, el Estado ha propiciado un modelo de desarrollo capitalista que si bien permite un relativo mejoramiento en las condiciones de vida de grandes núcleos de la población -relativo, en cuanto a que problemas básicos como la desnutrición, el analfabetismo, la salud pública, la vivienda, continúan a niveles alarmantes-, tiende a acentuar las desigualdades en la estructura social. El proyecto de los grupos que a la postre resultaron beneficiados de la revolución -nueva burguesía, inversionistas extranjeros y ciertos sectores medios- se concretizó merced al control ejercido sobre los grupos subordinados. Este control que se expresa en última instancia como aceptación al orden establecido, se implementó a través de múltiples mecanismos en que confluyen elementos económicos, políticos, jurídicos e ideológicos. Las formas de dominación incluyen, en este sentido, desde las reformas sociales a favor de ciertos grupos potencialmente peligrosos, hasta el uso de la violencia física. En el caso de la clase obrera, señalamos la importancia que tiene su encuadramiento, a través de distintas confederaciones, la más importante la Confederación de Trabajadores de México (CTM), al partido oficial. Esta relación permite al aparato político contar con una amplia base de sustentación que se hace explícita como fuerza electoral y de movilización. La capacidad de control sobre la clase obrera organizada -cuya importancia cualitativa no puede ser subvalorada- fortalece, al Estado al quedar constituida como base de apoyo a ciertas medidas internas o bien internacionales que enfrentan resistencia en grupos de poder. De la misma manera funciona también como elemento de presión y aun intimidación frente a movimientos contestatarios. En el plano laboral, y de acuerdo con la legislación vigente, el Estado funge como mediador en las relaciones entre capital y trabajo. La facultad de decisión en aspectos tales como legalidad o ilegalidad de una huelga, la personalidad jurídica de los sindicatos, etcétera, ha operado como un obstáculo determinante para los intentos de construir sindicatos independientes. Al interior de los sindicatos la sujeción directa de las bases obreras se da a través de sus propios dirigentes. En efecto, en la mayor parte de los casos, los hechos demuestran que la actuación de los líderes -baste señalar la autolimitación en las demandas reivindicativas- obedece más a sus compromisos con la alta burocracia sindical, el proyecto del grupo gobernante y aun los círculos empresariales, que a los verdaderos intereses de sus representados. El poder de las camarillas sindicales establecidas se encuentra reformado por el marco estatutario de sus organizaciones. Éste determina una gran centralización de funciones en los llamados Comités Ejecutivos y, además de las cláusulas de exclusión y exclusividad, incluye severas medidas disciplinarias susceptibles de ser utilizadas contra elementos disidentes. La viabilidad de estas formas de control se fundamenta también en las particularidades del origen social, la composición interna y la posición, dentro de la estructura social, del sector organizado de la clase obrera. El estudio de caso que realizamos, los movimientos sociales de 1958 -telegrafistas, maestros, ferrocarrileros, petroleros- presentaron diferencias sustanciales. No obstante, subrayamos que existió entre ellos un punto de unión representado por el objetivo común de lograr que las. autoridades reconociesen como legales las directivas electas democráticamente por sus bases y que eran independientes y, por tanto, opositoras de la burocracia sindical. Resalta también el hecho de que todos los grupos movilizados pertenecían ya fuera a las dependencias públicas o a las empresas descentralizadas, y en este sentido dependían del Estado. Esta peculiaridad hace que los movimientos de tipo laboral se conviertan con mayor rapidez en movimientos de tipo político. El Estado responde aquí como patrón ante las demandas de los trabajadores. Los métodos de cooptación, desprestigio, sanciones económicas, ceses, intimidación, violencia física y otros que utiliza el Estado contra los elementos disidentes, se realizan a través de distintas instancias. En este caso se encuentra a un primer nivel la burocracia del propio sindicato del que se trate (SNTE, STFRM, STPRM), que será la que mantenga una lucha más directa con el “brote rebelde”. Por encima de estas directivas sindicales están las federaciones, confederaciones u organismos superiores, como el Bloque de Unidad Obrera. La alta burocracia de estos organismos entra en acción cuando la gravedad del asunto lo amerita. Las acciones que lleve a cabo para apoyar a sus camarillas afines en los sindicatos son muy variadas, pero casi siempre incluyen declaraciones públicas de gran agresividad contra sus enemigos y aun contra el gobierno si éste -fornido por las circunstancias, como en 1958- otorga concesiones que lesionen sus intereses. Los titulares de las dependencias estatales o directores de las empresas fungen como patrones a lo largo de las negociaciones y les es permitido conceder y retractarse sin detrimento de la efectividad de su función pública. Lo mismo puede decirse de los secretarios de Estado -generalmente del Trabajo y Gobernación- que concurren a las pláticas de advenimiento. La Secretaría del Trabajo y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje desarrollan una función muy especial, pues en sus manos está el reconocimiento legal de la representación sindical. Este reconocimiento reviste singular importancia, ya que constituye una condición sine qua non para que los líderes de un determinado grupo tengan la posibilidad de defender los intereses de sus representados. En efecto, la legislación de la materia establece el sindicato único en las empresas o dependencias estatales, y es el que tiene, en todos los casos, la personalidad jurídica necesaria para llevar a cabo las funciones que naturalmente le corresponden. El presidente de la República, como la más alta autoridad del país, se sitúa por encima no sólo de los grupos en pugna, sino de todos los niveles administrativos y políticos y sus decisiones tienen un carácter casi inapelable. Se mantiene la imagen de que las medidas arbitrarias de las instancias anteriores se ejecuten a sus espaldas, y dadas las amplísimas atribuciones que su cargo le confiere, las distintas facciones buscan obstinadamente el medio de conseguir su respaldo. Las anteriores mediaciones no excluyen la posibilidad de recurrir al uso de la violencia institucionalizada. En 1958 y 1959 se procedió a privar do la libertad física a los principales líderes de los grupos disidentes mediante la acción del poder judicial. Esas detenciones, por otra parte, tuvieron un efecto desmovilizador dado el agudo liderazgo carismático que caracterizó a los movimientos. Por último se utilizan las fuerzas del orden -policía y ejército- para reprimir manifestaciones, huelgas de hambre, para desalojar locales sindicales o bien como simple elemento intimidatorio.
(La mayor parte de todos estos “desajustes” en la vida de los trabajadores mexicanos, bajo el gobierno del “ejemplar” presidente de la república: Lic. Adolfo López Mateos…<este apunte, mío>)
*Revista mexicana de ciencias políticas y sociales 89.
Movimiento obrero UNAM.
