Trabajan congresistas para proteger el maíz nativo
Al respaldar la propuesta del legislador Gerardo Pliego (morena) para proteger la producción del maíz nativo, la diputada Vanessa Linares (PVEM) y la legisladora Ana Yurixi Leyva (PT) coincidieron en enriquecer la propuesta, al advertir la posible invasión de facultades federales, la severidad de las sanciones y la importancia de incorporar voces ciudadanas.
El proponente enfatizó que el maíz no debe considerarse una mercancía, sino un elemento de origen e identidad cultural.
Al respaldar la propuesta del legislador Gerardo Pliego Santana (morena) para proteger la producción del maíz nativo, la diputada Gloria Vanessa Linares Zetina (PVEM) y la legisladora Ana Yurixi Leyva Piñón (PT) coincidieron en enriquecer la propuesta, al advertir la posible invasión de facultades federales, la severidad de las sanciones y la importancia de incorporar voces ciudadanas.
En la sesión de trabajo de las comisiones de Procuración y Administración de Justicia, y de Desarrollo Agropecuario y Forestal de la LXII Legislatura mexiquense, en la que se analizó la propuesta para sancionar hasta con ocho años de cárcel la siembra de especies genéticamente modificadas y hasta con 20 años su comercialización, transportación, distribución, almacenamiento o procesamiento, el proponente enfatizó que el maíz no debe considerarse una mercancía, sino un elemento de origen e identidad cultural.
Durante la reunión, encabezada por la diputada Emma Laura Alvarez Villavicencio (PAN), Vanessa Linares destacó la importancia de proteger el maíz nativo y los cultivos tradicionales como parte del patrimonio agrícola y cultural de la entidad, así como la necesidad de garantizar la biodiversidad, la soberanía alimentaria y los derechos de comunidades campesinas e indígenas.
Aunque reconoció que existen riesgos asociados al uso de organismos genéticamente modificados que deben atenderse, advirtió que el derecho penal debe utilizarse como última instancia, bajo criterios claros de legalidad y proporcionalidad.
En este sentido, señaló que la iniciativa presenta retos relevantes, como posibles conflictos con facultades federales, ambigüedad en la definición de las conductas sancionables y sus condiciones de aplicación, la severidad de las penas —que requiere una valoración cuidadosa para garantizar su proporcionalidad— y posibles afectaciones a pequeños productores, quienes no deben quedar en situación de vulnerabilidad jurídica.
Por otro lado, Ana Yurixi Leyva felicitó al proponente por su iniciativa en la que, señaló, ella participó desde su origen. También valoró la labor del Movimiento en Defensa del Maíz y de su representante, Jesús de la Cruz Martínez, destacando su lucha para impedir la comercialización de maíz transgénico y defender este cultivo como base de la alimentación y la cultura mexicana.
En este sentido, Pliego Santana indicó que es fundamental no transgredir la legislación y proteger a las y los pequeños productores mediante información y apoyos; sin embargo, enfatizó que la esencia de la iniciativa es preservar las razas nativas de maíz y prohibir el maíz transgénico.
Explicó que México alberga 59 razas nativas de maíz, de las cuales 18 son originarias de la entidad, representando una de cada tres variedades cultivadas en el país, entre ellas el cacahuazintle, el palomero y el cónico con variantes como el amarillo, rojo y jaspeado.
En este contexto, advirtió que estos maíces enfrentan riesgos frente a los transgénicos, ya que desde inicios de 2000 se ha documentado la presencia de transgenes en cultivos nativos, lo que evidencia un proceso de contaminación genética, particularmente grave debido a que el maíz es de polinización abierta.
Asimismo, señaló que el mercado global de semillas está concentrado en cuatro grandes corporaciones, lo que genera dependencia de los productores, debilita la autosuficiencia y pone en riesgo la soberanía alimentaria. Agregó que su iniciativa es resultado del diálogo con productores, especialistas y sociedad civil, y se enmarca en un momento nacional en el que se reconoce al maíz nativo como patrimonio biocultural y se establece la obligación del Estado de protegerlo.
En este contexto, la iniciativa propone reformar el Código Penal estatal para sancionar con penas de 10 a 20 años de prisión y de mil a mil 500 días de multa a quien, sin autorización legal, realice, auxilie, coopere, comercie, suministre, compre, reciba, resguarde, consienta o participe en actividades relacionadas con especies genéticamente modificadas. En el caso específico de la siembra, se contemplan penas de dos a ocho años de cárcel y de 30 a 150 días de multa.
El objetivo es fortalecer la capacidad del Estado para proteger el patrimonio biológico, cultural y alimentario, en cumplimiento del mandato constitucional de garantizar los derechos a un medio ambiente sano, a la salud y a la alimentación, así como de las obligaciones internacionales asumidas por México en materia de biodiversidad y derechos de los pueblos indígenas.
